El BNG pedirá una comisión de investigación sobre los contratos realizados por la Xunta durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19 si el Partido Popular mantiene su rechazo a realizar una auditoría.

Así lo ha avanzado el diputado electo del BNG Luis Bará en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega, en la que ha sostenido que «cada vez son más evidentes las irregularidades, los chanchullos y también los pelotazos asociados a la contratación de la Xunta» en la pandemia.

En su intervención, Bará ha sostenido que por una parte existen «irregularidades en la tramitación de acuerdo con la normativa de contratación de emergencia», que es a lo que se refieren los informes del Consello de Contas. Además, ha indicado que, más allá de esta cuestión, «está la auténtica indecencia de aquellas personas que hicieron negocios multimillonarios, que cobraron comisiones abusivas» y «aprovecharon una situación de extrema emergencia para enriquecerse» y «practicar el capitalismo de amiguetes» que se está descubriendo en administraciones gobernadas tanto por el «PP como por el PSOE».

Bará ha sostenido que hay «muchas sombras, dudas y oscurantismo» en la actuación de la Xunta de Galicia. «Pensamos que Rueda está tapando los cadáveres que Feijóo dejó encerrados en los armarios», ha afirmado para preguntarse los motivos por los que el PP gallego se niega a aprobar una auditoría. «¿Si no hay nada ilegal, si no hay nada irregular, por qué no aprueba esta auditora?», ha incidido.

Dicho esto, ha asegurado que hay varios casos que al BNG le parecen «especialmente alarmantes». Así, en primer lugar, ha vuelto a citar el de la empresa Sibuco, relacionada con el grupo Moonoff y con el «empresario José Ramón García», que «con cuatro trabajadores» pasó de facturar «765.000 euros en el año 2019 a más de 31 millones en el año 2020».

Además, ha señalado que «aún no se dieron explicaciones sobre la venta fraudulenta de mascarillas FPP2, modelo K95, por parte de esta empresa», que do lugar a una «alarma sanitaria» porque no protegían ni estaban bien certificadas». «La Xunta, a pesar de todo, no dio explicaciones de cuál fue el alcance de este fraude y no aclaró aún por qué el expediente abierto a esta empresa acabó con una multa raquítica», ha afirmado para asegurar que el BNG quiere saber sobre todas estas cuestiones que están pendientes de explicación. «Y eso se puede hacer a través de una auditoría o a través del envío de la documentación al Parlamento».

CONTRATOS CON LA EMPRESA VINCULADA A LA PAREJA DE AYUSO

Por otra parte, ha asegurado también que la Xunta hizo 12 contratos por más de 10,4 millones entre los meses de abril y julio de 2020 con MAPE Asesores, la empresa relacionada con la comisión de «2 millones de euros» de la que se benefició «el compañero de la señora Ayuso» por «supuestamente intermediar en la venta de mascarillas».

«Lo que preguntamos es si los gallegos y las gallegas ya pagamos esas comisiones, estos pisos que compró el señor González a costa de estos contratos que pagamos, a fin de cuentas, todos», ha dicho Bará, que ha considerado que hay que investigar todas estas cuestiones que «dejan muchas preguntas».

Tras citar otros contratos vinculados a la «familia» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Bará ha considerado necesario conocer también los contratos realizados por la Administración autonómica con la empresa Universal Support, del grupo Conecta, por los trabajos relativos a las personas que hicieron el rastreo durante la covid.

Por último, además, se ha referido a las informaciones publicadas por ‘El Salto’ en relación a contratos con una empresa de la que es socio el marido de la secretaría xeral del PPdeG, Paula Prado.

«El Salto hace precisamente referencia al laberinto que es buscar la inforamación en el portal de transparencia de la Xunta, que más bien es un portal de opacidad», ha dicho antes de señalar que parece que esta empresa pasó de «un contrato en el año 2019 a 38 contratos menores, todos ellos a dedo, por valor de 145.975 euros en año 2020, coincidiendo justamente con la incorporación del señor Francisco Antonio Otero Illodo como socio». «Por tanto, pensamos que esto también merece las correspondientes explicaciones», ha afirmado.

COMUNICADO DE PRADO

Por su parte, en una rueda de prensa en Santiago, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, se ha remitido al comunicado que difundió en la pasada jornada en su perfil de la red social ‘X’, sin emitir cualquier otra valoración.

En él defiende que la empresa de la que es socio su marido, Allwork Vestuario Laboral, trabaja con administraciones de todos los colores políticos, aunque la mayoría de sus clientes (más del 90%) son privados. Y añade que los contratos con la Administración autonómica suponen, desde 2020, «apenas un 2%» de la facturación total de la empresa.

Más en detalle, esgrime que la empresa de vestuario laboral de la que es socio su marido y con la que trabaja «desde su creación en 2015» es «proveedora de todo tipo de clientes: fundamentalmente de empresas privadas y, en menor medida, de administraciones públicas de muy distinto signo político».

«Por poner un ejemplo, desde 2020 firmó con el Ayuntamiento de Ames (gobernando antes por el PSOE, BNG y Contigo Podemos, y ahora por el PSOE) 75 contratos; y desde el mismo año facturó con el ayuntamiento de Santiago (gobernado por el PSOE primero y después por BNG y Compostela Aberta) unos 137.000 euros», traslada la popular.

Añade, asimismo, que los contratos de la empresa con las administraciones públicas suponen, en todo caso, desde 2020, solo un 7,87% de la facturación, frente al 92,13% de los firmados con empresas privadas o particulares. Y subraya que, en el mismo periodo de tiempo, los contratos con la Xunta suponen apenas un 2% de su facturación total.

«Es lamentable que se ataque a una familia y a una persona que se gana la vida con honradez y que no pertenece a la esfera pública, con el único objetivo de camuflar casos de corrupción judicializados como los que afectan al Gobierno central», reprueba y avisa de que las «mentiras» no la van a «amedrentar».

En otro orden de asuntos, ha sido preguntada acerca de si no ve incoherente que el PP rechace una auditoría a los contratos de la Xunta de la pandemia cuando la pide en el Ayuntamiento de Santiago. Al respecto, sin profundizar en la situación compostelana, se ha reafirmado en que los contratos autonómicos fueron revisados en profundidad por el Consello de Contas.