La Diputación Permanente del Congreso ha respaldado el pago a las Comunidades Autónomas y las entidades locales de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación de 2019, a pesar de que toda la oposición ha criticado la gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por haber retrasado hasta este momento preelectoral el pago cuando, para la mayoría, podía haberlo hecho antes.

La iniciativa ha sido aprobada casi por unanimidad, con la única abstención de EH Bildu. Vox, que había anunciado su voto en contra, no ha participado en el debate ni en la votación en protesta por la expulsión de la Diputación Permanente de su secretaria general, Macarena Olona, tras una discusión con la presidenta del Congreso por los asientos que debía ocupar Vox en la sala y por Cataluña.

Montero ha defendido ante la Diputación Permanente el real decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para abonar a las Comunidades 4.682 millones y a las entidades locales, 821 millones de euros. Los pagos se realizarán junto a las transferencias mensuales del sistema de financiación hasta final de año.

La ministra de Hacienda ha negado el «chantaje» del que le ha acusado la oposición. Ha relatado que la Abogacía del Estado le explicó en agosto –«y probablemente era lo correcto»– que transferir los fondos entonces podía condicionar la actuación de un gobierno entrante, que aún se estaba negociando. «Había fecha límite hasta el 23 de septiembre y ese nuevo gobierno podía hacer un planteamiento sobre esta materia», ha dicho.

Sin embargo, convocadas las elecciones generales de noviembre liberar estos fondos ya no condiciona a un nuevo Ejecutivo «que no tendría capacidad operativa», ha agregado María Jesús Montero. No pagar, sin embargo, pone en apuros a las autonomías, cuyas tesorerías supervisa Hacienda, lo que ha permitido justificar la «urgente necesidad» de esta medida y su aprobación por un Gobierno en funciones.

LA «ACTUACIÓN» DE LA MINISTRA

Por el PP, Mario Garcés ha acusado a la ministra de haber protagonizado actos teatrales en este asunto y de haber perdido credibilidad. Ha censurado entre otros aspectos que se alegue que haber pagado antes podía condicionar una decisión de un futuro gobierno, cuando se supone que se trata de aplicar una «fórmula» del sistema de financiación.

Marcos de Quinto (Ciudadanos) ha calificado el decreto de «parche» y ha censurado la «hipocresía» y «ventajismo político» que a su juicio ha demostrado el Gobierno, pero ha apoyado que se transfiera estos fondos necesarios para las autonomías y las entidades locales.

Por Unidas Podem, Antonio Gómez-Reino ha acusado al bipartidismo de haber jugado siempre con el dinero «de todos» y ha advertido al PSOE de que no le facilitó el Gobierno «para que emplearan Hacienda como dispositivo de partido». Del Grupo Mixto, Joan Baldoví (Compromís) ha bromeado con que las elecciones provocan «milagros» sobre medidas que hace dos meses eran imposibles.