Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Baleares y Castilla y León –estas cinco últimas regiones están gobernadas por el PP– han solicitado al Gobierno el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya fue transferido hace dos años al País Vasco y Navarra.

Así lo ha comunicado el Gobierno en una respuesta parlamentaria en el Congreso después de que anunciara en diciembre del año pasado que la gestión del Ingreso Mínimo Vital sería puesta en manos de las comunidades autónomas que así lo solicitasen.

En este contexto, Cataluña y hasta cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP –Galicia, Andalucía, Baleares, Castilla y León y Comunidad Valenciana– han mostrado al Gobierno su intención de asumir la gestión del IMV.

Asimismo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha informado que otras regiones como Castilla-La Mancha y Murcia han anunciado que estudiarán primero las condiciones de esta transferencia.

Este traspaso ya se materializó en 2022 con el País Vasco y Navarra. En el caso de la primera, supone que el Gobierno Vasco se encarga de la tramitación, el reconocimiento y el pago del Ingreso Mínimo Vital. En la cuantificación económica del traspaso, Euskadi descontará de su Cupo el 6,24% del coste a nivel estatal del IMV, unos 187 millones de euros en total.