Los promotores en suelo urbano no consolidado podrán sustituir la entrega al ayuntamiento del 10% del aprovechamiento tipo del área dinero, según una modificación de la normativa del Suelo de Galicia que incluye la Xunta en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de 2020.

En concreto, el artículo 21 de la Ley del Suelo de Galicia estipulaba que los propietarios en suelo urbano no consolidado (aquellas partes de la ciudad en las que son precisas operaciones para completar la urbanización o se prevén operaciones de renovación urbana) cediesen de forma obligatoria y gratuita este porcentaje a las Administraciones locales.

Con todo, la modificación incluida señala que este «deber de cesión deberá cumplirse», en el caso de que el ayuntamiento esté conforme, «mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, que deberá integrarse en el patrimonio público del suelo, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún tipo de régimen de protección pública en virtud de la reserva que pudiese resultar exigible».

Precisamente, una vez publicada la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, el diputado del Grupo Común da Esquerda Antón Sánchez ha censurado que la Xunta apueste por «reducir el patrimonio público».

El también líder de Anova recuerda que esta es la «sexta modificación en tan solo tres años» de la Ley del Suelo, un cambio con el que, en su opinión, se recupera la «monetarización de la cesiones del suelo». «Una de las peores prácticas urbanísticas de los años de la burbuja inmobiliaria», considera.

«Esto significa, una vez más, renunciar al fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda, empobreciendo el patrimonio público del suelo para atender a las demandas históricas de los lobbies promotores», denuncia.

Antón Sánchez considera la medida de «especial gravedad» en un contexto en el que «existen más de 14.000 demandantes de vivienda de protección sin respuesta por parte de las administraciones» y «en el que hay desahucios». Así, recuerda que el suelo público en manos de los ayuntamientos es «uno de los instrumentos indispensables para la promoción pública de la vivienda».

Además, para el parlamentario del Grupo Común da Esquerda, los cambios introducidos también «demuestran el caótico proceder legislativo de la Xunta, que contabiliza dos reformas de la Ley del Suelo anuales desde su entrada en vigor» como «muestra de la constante improvisación para el beneficio de la actividad especulativa de los lobbies».