La Xunta de Galicia crea un sistema público de limpieza de franjas de seguridad contra los fuegos a través de una modificación de la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales que incorpora a la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de 2020.

En concreto, la Administración autonómica lo define como un «sistema de cooperación» entre la Xunta, Seaga, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y los ayuntamientos que voluntariamente se adhieran. Con todo, indica que el Estado, las diputaciones así como cualquier administración o entidad del sector público podrá participar en este sistema a través de un convenio que fije los términos de la colaboración.

El objetivo, según apunta, es la prevención de incendios forestales, de forma que se consiga la disminución del número de incendios forestales en las zonas urbanas, garantizando así el interés público de la seguridad de personas y bienes.

Entre las actuaciones que comprende este sistema público, la Xunta señala la «colaboración económica y técnica» entre la Administración general de la Comunidad autónoma y los ayuntamientos para garantizar la limpieza de las parcelas incluidas en las franjas secundarias.

Además, contempla la prestación por la Administración autonómica del sistema público en los terrenos rústicos incluidos en las franjas secundarias mediante la formalización de contratos con los titulares de los terrenos.

SEAGA

Según apunta la Xunta, las actividades de limpieza serán gestionadas o de forma directa a través de Seaga de la forma que se concrete en el convenio de colaboración. Así, la empresa pública podrá prestar actividades de gestión de la biomasa mediante sus propios medios o proceder a la contratación total o parcial de las obras y actividades necesarias.

Para el sistema, la Administración autonómica apunta que se reservará una cantidad específica dentro del Fondo de Cooperación Local con el objetivo de contribuir económicamente al convenio.

Además, otra de las cuestiones que precisa la Xunta es que, «a efectos de la sostenibilidad financiera del sistema público de gestión», se establecerá en el convenio una tarifa que deberá ser objeto de abono por las personas responsables del cumplimiento de las obligaciones de limpieza que formalicen al contrato gestión para la realización del servicio.

«La tarifa será percibida por Seaga, como prestadora material de la actividad, será uniforma para todas las personas responsables, y será en todo caso inferior a los costes económicos totales de las actividades prestadas, teniendo en cuenta el interés público presente en la prevención de los incendios», apunta la Xunta.