La Xunta ha ratificado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley estatal por el derecho a vivienda con el objetivo de «defender las competencias exclusivas» que tiene Galicia en este ámbito y resolver las dudas de aplicación que supuso su entrada en vigor, en mayo de 2023.

El Consello de la Xunta ha autorizado este jueves, en su reunión semanal, a la Asesoría Xurídica Xeral para interponer el correspondiente recurso, poniendo fin de este modo al proceso de diálogo que se había impulsado el pasado verqano para tratar de dirimir, a través de la negocición, las diferencias con el Gobierno alrededor del contenido y de los objetivos del nuevo texto.

Fracasada la vía del diálogo y cerrada sin resultados la comisión bilateral solicitada por el Gobierno gallego, la Xunta fundamenta su decisión en que la ley, además de ser «confusa» en su redacción, «técnicamente defectuosa» y «poco clara» en la atribución «de ciertas obligaciones y actuaciones», no «respeta» las atribuciones exclusivas en materia de vivienda que reconocen a la autonomía la Constitución y el Estatuto.

En concreto, la Xunta mantiene discrepancias en relación a 17 artículos y disposiciones, entre los que se encuentran las modificaciones introducidas en relación con el fenómeno de la «ocupación» para «aumentar la protección de las personas que usurpen ilegalmente una vivienda».

El recurso que, según el Ejecutivo gallego, cuenta con el informe preceptivo del Consello Consultivo, y se formalizará de inmediato, se sumará a los ya presentados por Madrid, Andalucía, Baleares y Cataluña, admitidos a trámite por el órgano judicial a finales del mes de septiembre.