El exalcalde de la localidad pontevedresa de Baiona Carlos Gómez Prado ha reconocido que él mismo firmó los expedientes que archivaban las multas de aparcamiento que le fueron impuestas por dejar el coche en zona de carga y descarga.

Así lo ha dicho durante su declaración en la vista llevada a cabo este viernes ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Sin embargo, ha indicado que, pese a firmar el expediente, desconocía el contenido del mismo.

A preguntas del Fiscal, Carlos Gómez subrayó que cuando recibió en su despacho los decretos para firmar, él estampó su rúbrica sin leer de qué se trataba. Fue más tarde, en el momento que recibió en su casa que las multas habían sido anuladas, cuando se dio cuenta de que él mismo las había anulado.

Según ha explicado, al suceder esto pensó que «lo hecho está hecho» y que él «no tenía potestad» para modificar el procedimiento administrativo para activar de nuevo la multa y echar para atrás esta anulación.

Carlos Gómez insistió en su versión de los hechos, indicando que en las cinco multas que se investigan no tenía la tarjeta en el coche porque había llevado el vehículo al taller y se le había quedado este documento en otro automóvil.

Él defendió que ya tenía tarjeta en el momento de los hechos, pese a que varios policías locales aseguraron que nunca la habían visto hasta después de las denuncias que iniciaron este caso judicial (abril-junio de 2021).

El exalcalde socialista interpretaba que la tarjeta sí le permitía aparcar en carga y descarga y no solo en la zona de vehículos autorizados anexa. Carlos Gómez ha añadido, además, que la tarjeta se modificó en 2022, ya con número de expediente, pese a que la anterior no tenía ese dato.

Este viernes también ha declarado el otro acusado, el actual jefe de la Policía Local, que era oficial (segundo jefe) en el momento de los hechos que se investigan. Él sí ha reconocido la existencia de una tarjeta que autorizaba al alcalde a aparcar en la zona de vehículos autorizados, ya que fue firmada por él debido a que el jefe estaba de vacaciones.

Además, indicó que sí se había puesto en el tablón de anuncios una orden que explicaba la creación de la misma, para que el resto de agentes tuviese conocimiento. Sin embargo, los siete denunciantes indicaron en sus declaraciones que desconocían su existencia y que solo vieron la tarjeta después de que el alcalde fuese multado cinco veces.

Este acusado también explicó que realizó un informe sobre la tarjeta posteriormente y que con anterioridad había visto el coche del alcalde aparcado en la zona de autorizados pese a no tener tarjeta. Respecto a esto, ha dicho que todo el mundo conocía en el pueblo de quién era ese vehículo y entendía que no se le multaría.

CONCEJALES SOCIALISTAS

En esta jornada pasaron por el Juzgado otros testigos de los hechos, entre ellos varios concejales socialistas en los años que se investigan. Ellos han dicho que sí les constaba que el alcalde tuviese tarjeta de aparcamiento autorizado antes de las multas (cabe recordar que Fiscalía lo acusa de haber creado esta tarjeta ‘ad hoc’ después de las sanciones para librarse de ellas).

También otros trabajadores del Ayuntamiento, de departamentos como Servicios Sociales o Deportes, han asegurado que sí existían tarjetas de aparcamiento autorizado para que algunos empleados pudiesen aparcar en ciertas zonas. En ellas, hasta 2022, no se especificaba número de expediente, según han dicho.

Todo esto a preguntas de las defensas, ya que los policías locales denunciantes subrayaron que la tarjeta que presentó el alcalde para librarse de sus multas no sería válida ya que carecía de estos datos.

Por ahora, el juicio no ha quedado visto para sentencia, ya que las conclusiones finales se realizarán el lunes 29 de enero.

HECHOS

Los hechos se remontan a abril y junio de 2021, cuando Gómez era regidor del municipio pontevedrés. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Gómez Prado, que ahora lidera el grupo municipal del PSOE de Baiona (tras ser desbancado de la Alcaldía en las elecciones locales de mayo pasado), fue multado por agentes de la Policía Local en cinco ocasiones, entre el 30 de abril y el 9 de junio de 2021.

Con intención de eludir las sanciones, en el trámite de alegaciones presentó una tarjeta que, supuestamente, le autorizaba a aparcar en esa zona, y argumentó que no la había puesto en el vehículo cuando había aparcado esos días porque la había dejado olvidada en otro coche.

La Fiscalía sostiene que esa tarjeta fue elaborada posteriormente ‘ad hoc’, y firmada por el propio alcalde y el coacusado, oficial jefe de la Policía Local. Además, el entonces regidor aportó un informe firmado por ese policía, en el que éste aseguraba que conocía la existencia de la tarjeta acreditativa para ese coche, al servicio de la Alcaldía, y que, por tanto, el coche del alcalde estaba estacionado esos días y en esa zona con su conocimiento y autorización.

En todo caso, el Ministerio Público apunta que, tal y como figura en el texto de la tarjeta supuestamente fraudulenta, el alcalde tampoco podría aparcar en esa zona de carga y descarga, sino solo en zonas habilitadas a tal efecto. A raíz de esas alegaciones, el instructor del expediente, de la la oficina ORAL de la Diputación de Pontevedra, archivó el procedimiento sancionador.

En agosto de 2021, Carlos Prado firmó cinco resoluciones como alcalde en las que, «con total desprecio del deber de abstención» estimó sus propias alegaciones y resolvió archivar los expedientes sancionadores.

DELITOS Y PENAS

Por estos hechos, la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito continuado de prevaricación administrativa, en concurso con un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público. Además, considera al segundo acusado cómplice en el delito de prevaricación y autor del delito de falsedad.

Así, reclama que Carlos Gómez Prado sea condenado a la pena de 15 años de inhabilitación para cargo público y a tres años de cárcel y otros 2 años de inhabilitación por el delito de falsedad, así como la imposición de una multa de 1.080 euros.

Para el otro acusado solicita la pena de 3 años de cárcel y multa de 1.080 euros, así como inhabilitación para cargo público por un tiempo de 4 años y medio.