La Xunta ha criticado que el Gobierno «hizo oídos sordos» sobre sus peticiones, realizadas en el marco de la Comisión Mixta con el TSXG, tras la aprobación de este miércoles en el Consejo de Ministros de 70 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, así tres de ellas se encontrarán en Galicia.

En el real decreto presentado este miércoles, Galicia contará con una plaza de magistrado para la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, correspondiente al orden penal y otra para la sección sexta de la de Pontevedra, correspondiente al orden civil, con sede en Vigo, así como la constitución del juzgado de primera instancia número 16 de A Coruña.

Ante esto, fuentes de la Vicepresidencia Primeira de la Xunta han remarcado que atiende «solo parte» de las peticiones hechas en la Comisión Mixta, en la que también han solicitado cinco nuevos juzgados de violencia contra la mujer, uno de carácter comarcal y con competencia excluyente en Santiago y su extensión en un máximo de dos años a Ourense, Lugo, Pontevedra y Ferrol.

Además, pidieron un juzgado de primera instancia en Ourense, un contencioso-administrativo en Santiago, uno de los social en Ferrol y juzgados mixtos en los partidos judiciales de Vilagarcía de Arousa, Viveiro, Ribeira e Carballo.

También, han remarcado que «la demora» en la publicación del decreto «imposibilita» que las nuevas unidades judiciales puedan estar en funcionamiento el 2 de enero.

En esta línea, han remarcado que «todo lo que dijeron» PSOE y BNG sobre los juzgados de violencia de género en Galicia era «mera propaganda electoral».

«El Gobierno está tomando el pelo a los gallegos y, sobre todo, a las mujeres víctimas de violencia», han lamentado, al tiempo que han hecho referencia al pacto firmado entre el PSOE y BNG para la investidura de Pedro Sánchez.

«El PSOE le mintió también al BNG con el supuesto compromiso de crear nuevos juzgados de violencia machista en Galicia a cambio de su apoyo en la investidura», han remarcado.

Ese pacto recoge la creación de cinco nuevos juzgados extraordinarios de violencia de género –fuera de la programación común– en Lugo, Ourense, Compostela, Pontevedra y Ferrol. Asimismo, el documento especifica que los juzgados de Santiago, Lugo y Ourense se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

Para la Xunta, este pacto ha demostrado «desprecio y falta de lealtad institucional» del Gobierno Central con Galicia ya que fue el Ejecutivo autonómico junto al TSXG en la Comisión Mixta de Justicia lo que demandó la creación de un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Santiago, con el objetivo de extenderlo en los años posteriores a las demás ciudades, ya que solo A Coruña y Vigo disponen de ellos.

A renglón seguido, ha recordado que esa petición «se rechazó», tal y como le trasladó el Gobierno Central al BNG en respuesta a una pregunta en el Congreso, en la que alegaron que Galicia «tiene otras necesidades judiciales más urgentes que atender».

«Pocos días después de hacerse pública esta negativa a la petición de la Xunta, se anunció un acuerdo entre el Gobierno y el BNG para la creación de nuevos juzgados de violencia machista en Galicia», han criticado.