Los grupos con presencia en el Parlamento de Galicia han mostrado su respaldo unánime a revisar el sistema que podría provocar el cierre de cinco titulaciones en el Campus Terra de Lugo de la USC por falta de las matrículas mínimas que establece un decreto de 2011.
La demanda ha sido llevada por el Grupo Socialista al pleno celebrado en el Pazo do Hórreo este martes, donde ha salido aprobada por unanimidad después de que fuesen incorporadas al texto original dos propuestas de PP y BNG.
Así, los grupos demandan a la Xunta que abra un proceso para reevaluar de forma consensuada con las tres universidades gallegas el decreto aprobado en 2011 que establece un umbral de 45 matrículas de nuevo ingreso para el mantenimiento de estudios.
Este criterio podría provocar el cierre de tres grados que se imparten en el Campus lugués de la Universidad compostelana y la conversión de otros dos que serían compaginados con los campus de Ourense y Pontevedra, ambos de la UVigo.
En concreto, los grupos piden que este criterio sea revisado y que, «dentro de la autonomía universitaria», se pueda facilitar la continuidad de estos estudios para, de este modo, «generar confianza en la comunidad eductiva» del Campus Terra de Lugo.
La proposición inicial de los socialistas ha sido modificada para incluir a propuesta del PP una mención a que el proceso de revisión del decreto se lleve a cabo de forma «consensuada» con las tres universidades gallegas.
Además, también se ha añadido un nuevo punto impulsado por el Grupo del BNG para que se promocionen las titulaciones que se ofertan en el Campus de Lugo y en los otros denominados «periféricos» –Ourense y Pontevedra de la UVigo y Ferrol de la UDC–.
DEBATE
Durante el debate de la iniciativa, el portavoz parlamentario del PSdeG Luis Álvarez ha lamentado la «decisión unilateral» de la USC de acometer esta reestructuración de la oferta formativa en Lugo, una decisión que ve «inaceptable» cuando la provincia luguesa atraviesa un «serio» problema demográfico.
Por su parte, Olalla Rodil (BNG) ha afirmado que el decreto de 2011 pactado entre Xunta y los rectores de las tres universidades perseguía «precisamente» el «objetivo» de «seguir achicando la oferta formativa» pues, al problema poblacional que también apuntó Luis Álvarez, la nacionalista ha sumado la «deficiencia de infraestructuras» de comunicación que «imposibilita» que los alumnos se decanten por titulaciones del Campus Terra.
Por último, Marisol Díaz (PP) ha reivindicado el «compromiso» del Gobierno gallego con el Campus lugués, al tiempo que ha apelado a la «prudencia» porque «la política no se puede imponer» a la independencia universitaria, por lo que ha hecho un llamamiento a que se busque una solución para que se mantengan estos estudios de forma negociada.
