Representantes de la CIG en la Administración Local han reprochado al gobierno municipal de A Coruña un «uso abusivo y desmedido» de comisiones de servicio, sin descartar un posible delito de prevaricación administrativa, según han reiterado para valorar el proceso que siguieron y que ha supuesto que el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad iniciase actuaciones a raíz de la denuncia sindical sobre esta cuestión.

Ha sido tras la que presentó en la Fiscalía en mayo pasado en respuesta a las actuaciones del gobierno municipal en la provisión de puestos mediante este sistema y que supone en torno a un 15% de la plantilla, han señalado en rueda de prensa. En concreto, han situado esta cifra en unas 250 personas.

Después de varias sentencias favorables, con denuncias que se remontan ya a 2016 — cuando gobernaba la Marea Atlántica — y varias sentencias favorables, ya con el actual gobierno de los socialistas, el sindicato presentó una nueva denuncia, en mayo de este año, con nuevas aportaciones a la Fiscalía, la última en octubre.

Así lo expuso Cristina Díaz, responsable del sector de la Administración Local en A Coruña, que ha expuesto que las comisiones de servicio se han utilizado siempre, pero que su denuncia se centra en un «uso abusivo» que, según apuntó, se ha acentuado en la actual etapa. «Todos los gobiernos lo fueron incrementando porque nadie articuló un concurso».

En particular, ha reprochado a los socialistas su política en esta materia, sobre todo tras una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que rechazó un recurso municipal, y pese a las sentencias favorables a los argumentos de la CIG y la existencia de unas comisiones de servicio «no justificadas que no cumplían requisitos de legalidad».

ACTUACIÓN DE «MALA FE»

Al respecto, ha argumentado que «con sentencia dictada y con un concurso específico ya en marcha, la gestión de Lage — ha apuntado en relación al concejal de Economía– demuestra estar lejos de la solución y comienza a hacer un uso abusivo de las comisiones de servicio y que supera con creces lo conocido hasta ese momento con una actuación de mala fe».

Y aunque se han aportado las «motivaciones» para estas comisiones, la representante de la CIG ha asegurado que las justificaciones son diferentes. «Lo que vale para unos, no vale para otros, esto es lo que nos lleva a hablar de una actitud presuntamente delictiva.

«Lo normal sería convocar concursos porque una provisión de servicios no puede superar dos años», ha recalcado a la espera del que ahora está en proceso. Por su parte, Ana Filgueiras, secretaria de la sección sindical en el Ayuntamiento, ha recalcado que se está convirtiendo «algo que es puntual de necesidad y urgencia en una forma de provisión de puestos». «No solo por el volumen sino por la manera de proceder en la adjudicación».