La Fundación Paideia, a través de su presidenta, la empresaria Sandra Ortega Mera, ha demandado a la Xunta más recursos humanos y mejora de la coordinación para la atención a adultos tutelados al considerar que la falta de personal está implicando «una desatención importante a personas muy vulnerables».
Según han explicado a Europa Press fuentes de la Fundación Paideia, en noviembre de 2020 se mantuvo la primera reunión entre la fundación y la conselleira de Política Social, Fabiola García, para trasladar la «preocupación» desde la entidad por el funcionamiento de la Fundación Pública Gallega para la Tutela de Personas Adultas (Funga).
«Provocado principalmente por la falta de recursos humanos que implicaba una desatención importante a personas muy vulnerables», han especificado sobre el contenido del encuentro.
Con posterioridad, en abril de 2021, Paideia promovió un grupo de trabajo con diferentes entidades sociales y la Funga «con el objetivo de mejorar la atención de las personas tuteladas». «Se buscaron modelos en otras comunidades para que pudieran aportar mejoras y otras maneras de hacer», han precisado.
De este grupo de trabajo salieron una serie de propuestas que se presentaron en una nueva reunión mantenida en marzo de 2023 con la conselleira de Política Social en la que, han añadido, se solicitaba que la Fundación Pública se adaptase a la nueva legislación y se planteó la posibilidad de crear delegaciones «para dar un mejor servicio a los y las tuteladas».
También se planteó «incorporar el perfil de un economista para hacer una mejor gestión de los presupuestos, copiando el modelo de otras entidades públicas similares», así como crear una comisión de profesionales de diferentes ámbitos «para poder trabajar cuestiones que están generando dificultades con la aplicación de la nueva Ley 8/21».
«FALTA DE SOLUCIÓN»
Desde la Fundación, han precisado que en la última carta enviada por Sandra Ortega, el pasado 10 de octubre, a la conselleira se aludía a la «falta de solución» de los problemas planteados, entre ellos que los estatutos de la Fundación Pública Gallega no estén adaptados a la nueva legislación, «cuando sí lo han hecho las entidades privadas».
También aludía al hecho de que los protocolos de coordinación con otras entidades sociales acordados con la Funga «sigan sin ser aplicados» por la propia fundación pública pese a buscar, «facilitar y agilizar los trámites de las personas tuteladas que están en centros de otras entidades sociales en diferentes situaciones como ingresos médicos, salidas de los centros o fallecimientos».
«El proceso de consolidación de plazas sigue en marcha casi un año después», se recoge en las demandas de la Fundación Paideia que reclama aumento de los recursos humanos al haber «siete trabajadores sociales para más de 3.000 personas». Todo ello, junto a la implantación de delegaciones provinciales para mejorar la atención y la gestión de recursos o la aplicación de protocolos para una mejor coordinación.
