Los exministros del anterior Ejecutivo que no mantienen otro cargo institucional, como por ejemplo ser diputado, tienen la opción de acogerse a la indemnización contemplada para altos cargos que abandona la administración, tasada en un 80% de su salario durante un máximo de un año y siempre que no tengan otra actividad remunerada.

Los ministros que no prosiguen en el Ejecutivo ni tampoco en la Cámara Baja, y que a priorí tienen esa posibilidad, son Alberto Garzón (Consumo), Irene Montero (Igualdad), Joan Subirats (Universidades) o Pilar Llop (Justicia).

El sueldo base de los ministros, a tenor de los datos del año pasado, fue de 77.478,24 euros anuales, lo que arrojaría una cantidad de casi 62.000 euros (61.982,4 euros) en caso de acogerse a esta prestación de carácter temporal durante dos años, a la que se puede renunciar en cualquier momento dado que es de carácter voluntario.

Una vez formalizado el cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abre el periodo para solicitar dicha indemnización que también se extiende a otros cargos como secretarios de Estado.

Por ejemplo, los exsecretarios de Estado Ángela Rodríguez ‘Pam’ y Nacho Álvarez también tendrían abierta esa posibilidad, aunque el segundo ya manifestó cuando dejó sus cargos en Podemos y renunció a la opción de ser ministro sin el respaldo de su partido ya manifestó que iba a volver a su puesto de profesor universitario. Subirats también es docente emérito en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Anteriormente, exministros como Arancha González Laya, Isabel Celaá y Pedro Duque solicitaron en el pasado esta prestación. El exvicepresidente Pablo Iglesias también se acogió a ella durante de abril a septiembre de 2021.