La Xunta ha insistido este martes en que defenderá ante el Tribunal Constitucional (TC) sus «competencias plenas» para la ordenación del territorio de Galicia, incluido el litoral, y ha ratificado que trabaja «intensamente» en la preparación de las alegaciones al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley gallega de ordenación del litoral.

Así lo han trasladado la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en un encuentro mantenido con alcaldes y representantes municipales de la comarca de A Mariña de Lugo, en el que analizaron la estrategia gallega para hacer frente a ese recurso estatal.

Los conselleiros han recordado que el dictamen del Consello Consultivo de Galicia avala la potestad de la Comunidad Autónoma para legislar en este ámbito, y han remarcado que el informe del Consejo de Estado (en el que se basa el recurso de inconstitucionalidad) «reconoce que puede haber instalaciones del complejo mar-industria en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, en contra de lo alegado en todo momento por el Gobierno central».

En ese sentido, han incidido en que el dictamen también avala el objetivo de la norma autonómica de regular los usos posibles en el litoral, para armonizar los intereses económicos con la protección medioambiental. Al respecto, Ángeles Vázquez ha lamentado que el Gobierno ha «obviado» aquellas cuestiones del informe del Consejo de Estado que «chocaban con su objetivo de eliminar todo vestigio humano del litoral». «Este recurso tiene mucho de político y muy poco de jurídico», ha denunciado la conselleira y vicepresidenta segunda de la Xunta.

Según ha incidido, Galicia va a «defender en todas las instancias» los intereses de las empresas, entidades y ciudadanos que tienen instalaciones en la línea de costa para darles seguridad jurídica, mientras el Gobierno «pretende sacarles de su localización actual sin ningún motivo que lo justifique».

RECURSO «TOTALMENTE ARBITRARIO»

Ángeles Vázquez ha vuelto a lamentar que el recurso interpuesto por el Gobierno es «totalmente arbitrario», como demuestra el hecho de que a Galicia «se le pretenda exigir una reforma del Estatuto de Autonomía para ceder los medios personales y materiales para la gestión del litoral, mientras que al País Vasco se los va a entregar sin esa modificación». Algo que la conselleira ha atribuido al acuerdo de investidura entre PSOE y PNV, ya que los estatutos de ambas Comunidades «son idénticos».

Tras censurar el «oscurantismo» del Ejecutivo, que se negó a celebrar una comisión bilateral para resolver las discrepancias sobre la ley, ha lamentado que las posibilidades de defensa de Galicia se ven limitadas, ya que solo tiene 23 días hábiles para presentar sus alegaciones.

Además, los conselleiros han recordado que la parálisis provocada por el recurso de inconstitucionalidad perjudica al tejido productivo, deja a los municipios «sumidos en la incertidumbre» y provoca la pérdida de oportunidades de inversión y desarrollo.

«SIN PIES NI CABEZA»

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, por su parte, ha criticado que «no tiene ni pies ni cabeza» que se le entregue a otras Comunidades «lo que se le niega a Galicia», en un «nuevo agravio comparativo» que se suma a otros «hechos inexplicables», como que el Gobierno de España insista en «lastrar» el consumo de productos de la pesca y la conserva al negarse a la bajada del IVA, o que «engañe» al sector con «promesas» mientras sigue sin poder acceder a las ayudas del Perte.

Alfonso Villares ha subrayado que la ley gallega del litoral sitúa a la gente del mar como esencial y busca el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental, mientras que «parece que la intención del recientemente investido presidente del Gobierno es evitar que Galicia defienda sus sectores productivos esenciales».

Finalmente, ha recordado que esa norma se tramitó «con el máximo consenso» y fue aprobada sin ningún voto en contra en el Parlamento de Galicia, ya que fue elaborada con «máximo rigor jurídico». Por ello, de nuevo, ha vuelto a instar al Gobierno central a que dé «un paso atrás» y retire el recurso para que «sea Galicia quien pilote el desarrollo sostenible de su territorio costero».