La Comisión Europea ha asegurado que «confía» en los mecanismos nacionales para investigar posibles «incumplimientos» detectados en la explotación de la mina de San Finx, ubicada en el municipio coruñés de Lousame.

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta realizada por el eurodiputado gallego del Partido Socialista Nicolás González Casares, quien ha planteado a Bruselas si reconsideraría su negativa inicial a investigar el «incumplimiento de la legislación ambiental» en dicha extracción minera, después de que la Xunta de Galicia abriese un expediente a la empresa responsable por detectarse en un vertido de agua residual parámetros de metales como el cobre o el zinc por encima de los valores máximos permitidos.

En su contestación, la Comisión Europea ha recordado que los Estados miembros «están en mejor situación para evaluar los casos concretos de posible aplicación incorrecta» del Derecho de la Unión, «sin perjuicio de las competencias de la Comisión como guardiana de los Tratados».

Según Bruselas, cada país es el «principal responsable de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea». Pese a esto, en la respuesta explica que «toma nota de las acciones legales emprendidas por la Xunta de Galicia», confiando en que se tramite «satisfactoriamente» con los mecanismos adecuados a nivel nacional, rechazando así de nuevo investigar el caso.

En la pregunta de González Casares se hacía referencia a que la mina recibió financiación europea. Al respecto, la Comisión ha señalado que estos fondos fueron invertidos en un proyecto de investigación en el ámbito de la prospección minera destinado a desarrollar nuevos modelos geológicos, nuevas tecnologías de exploración sensibles y métodos de análisis de datos.

«En la documentación disponible del proyecto no se hace referencia a ninguno de los beneficiarios participantes ni a actividades del proyecto relacionadas con el bombeo de aguas subterráneas o vertidos de agua en ninguna de las ubicaciones relacionadas con el proyecto», ha destacado Bruselas, que ha añadido que la directiva marco sobre el agua exige que no se deteriore el estado de las masas de agua y que se logre el buen estado de las mismas a más tardar a finales de 2027.

Todo ello después de que el eurodiputado socialista pidiese a Bruselas que investigue el «incumplimiento» ambiental de la mina de San Finx, explicando que en el mes de febrero la Xunta autorizó el vertido de casi 900.000 metros cúbicos de aguas residuales necesario para abrir la mina. Sin embargo, más tarde el Gobierno gallego expedientó a la empresa por infringir los parámetros de ese vertido.