BNG y PSdeG han advertido que «los problemas» de la ciudadanía en ámbitos como sanidad, educación, dependencia y derechos lingüísticos «siguen» ahí «año a año», pues «las recetas no cambian» por parte del Gobierno gallego.

Mientras, el PPdeG ha interpretado que el informe de la valedora do Pobo correspondiente al año 2022, que ha expuesto este martes en el pleno del Parlamento su titular, María Dolores Fernández Galiño, muestra que Galicia «va por el buen camino».

«Por mucho que les pese, Galicia no para y sigue avanzando con más y mejores servicios públicos», ha destacado la popular Paula Prado en su turno.

Con anterioridad, el nacionalista Daniel Castro ha lamentado que, por la lectura del informe de la valedora do Pobo, se deduce que «año a año» cuestiones como el máximo legal para establecer las valoraciones sobre la dependencia «se vuelve a superar».

En lo relativo al transporte, entiende el Bloque que los populares «se olvidan de las pequeñas y medianas empresas» y solo «quieren» a las de «sus amigos».

Mientras, sigue siendo «imposible», a su juicio, vivir el día a día y las «24 horas» en gallego, algo ante lo que ha reprochado al Ejecutivo autonómico «14 años de silencio».

En su intervención, la socialista Noelia Otero ha hablado de la «dificultad» para conseguir una cita en atención primaria, algo que «continúa» después de los años de pandemia y pospandemia, , así como los «problemas en los procesos selectivos», en lo que «ya se define como la OPE interminable de la Xunta».

En el transporte escolar, ha expuesto, «falta seguridad» y hay «impuntualidad», si bien los contratos «priman a la empresa y no al alumnado».

«No queremos detenernos solo en la frialdad de los números, pero muestran donde están y siguen los problemas», ha constatado, en relación al informe del Valedor do Pobo.

LA VALEDORA

La valedora, por su parte, ha resaltado que 2022 «en principio se presentaba como el año de la recuperación» pero «trajo consigo otro acontecimiento perturbador», por la invasión de Ucrania.

Además de la llegada de refugiados, esto «provocó una situación económica que afecta en especial a las personas con mayor vulnerabilidad», ha recordado.

Ante esta coyuntura que requiere soluciones, ha explicado el análisis cuantitativo y cualitativo de la institución, que «otro año más incrementó la actividad» y pasó a un total de 25.551 actuaciones el pasado ejercicio.

Algunas de las áreas que más actividad concentran, ha recordado, son laude sanidad, educación, inclusión social, medio ambiente y los derechos correspondientes a las corporaciones locales.

Después de recordar otros datos del alto comisionado en 2022, ha señalado a los expedientes en materia de derechos lingüísticos y los que defienden a personas mayores.

Asimismo, ha alertado de «nuevos riesgos» como los derivados de la inteligencia artificial con usos que «perpetúan los estereotipos» y ha mencionado programas con los que prosigue la institución como el de inclusión laboral.