La Xunta alerta de que la decisión de admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del Gobierno contra la ley gallega de litoral y su suspensión parcial tendrá como consecuencias un «perjuicio para las actividades asentadas en la costa y, por consiguiente, para los municipios, asociaciones y empresas ligadas a las mismas».

Según trasladan a Europa Press fuentes de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta y Consellería de Medio Ambiente, una vez que el TC informe al Ejecutivo autonómico de los preceptos impugnados, los servicios jurídicos procederán a su análisis para articular la defensa correspondiente de la ley.

El Constitucional suspende una treintena de artículos de la ley, el 40% de la norma, lo que «supone en la práctica la suspensión efectiva de la norma», lamenta el Gobierno gallego.

Si bien la Xunta dice respetar esta decisión judicial, «como no puede ser de otro modo», se queja de que el Gobierno central «hurtó a Galicia su derecho a defenderse al no trasladarle ni el propio recurso presentado ni el dictamen del Consejo de Estado en el que se basa». A este respecto, reprocha que el Ejecutivo de Pedro Sánchez optase por la vía del recurso «sin dar opción a abrir una comisión bilateral Xunta-Estado antes de acudir a la justicia».

Finalmente, el Gobierno autonómico defiende que «el fin principal de la ley es ordenar de forma integrada la costa por la vía de la seguridad jurídica, con una atención especial a sus usos estratégicos». «Por lo tanto, no va en contra de nadie, sino que responde a la defensa de los legítimos intereses de Galicia», agrega.