El recurso interpuesto por la Organización de Produtores Pesqueiros (OPP-7) de Burela en conjunto con 16 compañías afectadas contra el veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo sigue su curso con la finalización de la fase escrita.

La Consellería do Mar, que comparece en el procedimiento como coadyuvante de la parte demandante, ha presentado un informe en el Consello de la Xunta en el que se detallan las acciones realizadas hasta el momento.

En el documento se destaca el trabajo realizado por el Gobierno gallego ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para rebatir los puntos con incidencia técnica y científicas aportados por la Comisión y el Parlamento europeo para demostrar que el palangre demersal destinado a la captura de la merluza como especie objetivo no reúne las condiciones señaladas en el reglamento de base, a la vez que esta movilidad de palangre no figura en la clasificación establecida sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) de alta frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo.

En esta línea, la Xunta apunta que las evidencias aportadas por las instituciones comunitarias carecen de la debida validez por sus condiciones al no señalar nada respecto al palangre demersal. Si bien algunas estaban referidas al impacto del arrastre de fondo, una de ellas incluso hacía una valoración positiva respecto al empleo del palangre, que es una de las modalidades de pesca más selectivas, sostenibles y respetuosas con el medio marino, apunta el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, señala que la controvertida prohibición afecta a 87 caladeros del Atlántico Nororiental perjudicando a más de un millar de embarcaciones, lo que representa el 25% de la flota gallega, 200 de forma directa y otras 946 de artes menores de forma indirecta.

En este sentido, el impacto socioeconómico de esta decisión es otro de los apoyos en las alegaciones presentadas ante el Alto tribunal, ya que el peso del sector pesquero en la economía gallega tiene su valor añadido bruto (VAB) 25 veces superior al de la UE y seis veces superior al del conjunto del Estado español. Tanto es así, apunta la Xunta, que se trata de la principal actividad económica en un tercio de los ayuntamientos gallegos.

Finalizada esta parte del proceso en la que las partes han presentado sus argumentos y las evidencias en las que se apoyan sus posturas en el litigio, el TGUE ha abierto un plazo de tres semanas para solicitar la celebración de una vista.

Desde la Consellería do Mar señalan que se trabaja en colaboración con la parte demandante en la presentación de la mencionada solicitud.

MEJORAS DE LONJAS Y PUERTOS

Por otra parte, la Consellería do Mar destinará en el periodo comprendido entre 2023 y 2025 un total de 10 millones de euros con el objetivo de modernizar las infraestructuras de los puertos, de las lonjas o establecimientos autorizados para la primera venta de productos pesqueros y de los lugares de desembarque.

La Xunta ha indicado que estos apoyos plurianuales se enmarcan en la orden de ayudas que publicará este viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que forma parte de las acciones de mejora constante de estas instalaciones y de los equipamientos portuarios para facilitar la labor diaria de los profesionales del mar e impulsar la competitividad y rentabilidad del sector.

Según ha analizado este jueves el Gobierno gallego en su reunión semanal, son objeto de estos apoyos las actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, de la protección del medio ambiente y de la seguridad y las condiciones de trabajo de las personas pescadoras. Además, serán subvencionables las iniciativas que favorezcan la conservación de las descargas de pescado y marisco, su trazabilidad, la selección o el etiquetado.

Después de que la primera convocatoria de este año incluyese como subvencionables nuevas actuaciones en materia de protección del medio ambiente y para contribuir a reducir la huella de carbono, la principal novedad de las que ahora se pondrán en marcha por primera vez financiadas por el nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) está en que se promoverán actuaciones en las dársenas y resto de instalaciones portuarias y de primera veda de pescado orientadas a estar mejor preparadas para afrontar las inclemencias meteorológicas.

Estas ayudas podrán beneficiar a cofradías de pescadores, agrupaciones de interés económico del sector pesquero, organizaciones de productores de pesca, cooperativas, asociaciones profesionales de personas mariscadoras y rederas.