El pleno de la Cámara gallega ha aprobado este martes la nueva ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia que actualiza la regulación existente del 2011 y, entre otras cuestiones, agiliza las herencias en favor de la Administración autonómica.

El texto legal, que ha incorporado varias enmiendas de la oposición, ha salido adelante con el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG se ha posicionado en contra al advertir que abre la puerta a «otorgar concesiones sobre bienes públicos a dedo», tal y como ha manifestado el parlamentario nacionalista Iago Tabarés.

La diputada popular Marisol Díaz Mouteira ha destacado que se trata de una nueva ley «compleja» y con carácter eminentemente técnico que trata de facilitar y actualizar la normativa que regula el patrimonio de la Xunta bajo la premisa de conseguir una «mejor prestación de servicios».

«Permitirá mejorar la gestión ordinaria de todo el patrimonio de la Xunta, facilitando su conocimiento, consulta y aplicación de las normas que lo regulan, bajo la premisa de optimizar la prestación de los servicios públicos», ha dicho para explicar que «era necesario adaptar y hacer coherente la ley existente con las modificaciones que se fueron introduciendo a lo largo de estos años en la legislación estatal».

Entre las novedades que incorpora la norma, la viceportavoz popular ha explicado que se introduce un procedimiento administrativo especial para que, en el supuesto de ausencia de otros herederos legítimos, se declare como heredera ‘ab intestato’ a la Administración General del Estado o aquellas comunidades autónomas con derecho floral o especial propio en la materia.

Asimismo, introduce, dentro de una sección específica y en consonancia con la Ley recuperación de la tierra agraria, la regulación de los denominados inmuebles vacantes y sin dueño conocido, así como los saldos y depósitos abandonados.

Otra de las incorporaciones es la regulación del tráfico jurídico público de los bienes demaniales (aquellos que tienen un uso general o de servicio público), contemplando la posibilidad de realizar transmisiones sin desafectación previa.

El texto legal ha contado con el apoyo del Grupo Socialista, cuya diputada Begoña Rodríguez Rumbo ha recordado que esta norma adapta la ley gallega en la materia que data del 2011 a la normativa estatal aprobada en 2015.

«Tardaron ocho años, nos parece tiempo suficiente para hacer una ley», ha dicho la socialista, que se ha preguntado si «no había mucho interés» por parte de los populares para llevar a cabo esta actualización.

CRÍTICAS DE LOS NACIONALISTAS

Por su parte, el diputado nacionalista Iago Tabarés ha sostenido que este texto es un «ejemplo de la gestión de la Xunta» y su «ausencia de voluntad de establecer una regulación propia acorde con la realidad gallega» al «limitarse a hacer una simple trasposición de la norma estatal» pero «profundizando en la discrecionalidad», lo que, según ha indicado, puede permitir «arbitrariedad y riesgo de corrupción».

Y es que, conforme ha indicado, el texto hace «un seguidismo casi total de la legislación estatal» y «en lo poco que se separa no es para aportar luz y transparencia» sino para «profundizar en la discrecionalidad», «en muchos casos en perjuicio de los patrimonios más modestos». Así, ha advertido de que la norma abre la puerta a «otorgar concesiones sobre bienes públicos a dedo» y con un «premio adicional» al dar a los beneficiarios derechos de adquisición preferente.

Tabarés ha subrayado que siempre que la administración pública venda bienes debe de ser por «puja», con limitadas excepciones en casos en los que se pueda adjudicar directamente a otra administración. «Excepciones en las que no puede entrar el difuso e incoherente interés socioeconómico que permite adjudicaciones directas en lugar de adjudicaciones en concurrencia competitiva», ha dicho para insistir en que cada vez que la Xunta no hace «seguidismo» es para «reducir los controles e introducir laxitud».