El Gobierno en funciones ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 4/2023 de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral en Galicia porque «invade competencias estatales» en distintos ámbitos y porque «incorpora de manera unilateral el mar» a su territorio.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha destacado la importancia de dicho recurso, cuyo plazo espiraba el próximo 13 de octubre.

En este sentido, la portavoz ha detallado que el recurso se interpone una vez escuchado y «avalado» por el Consejo de Estado. «Es un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley, lo que supone un 40% de la misma», ha subrayado, para después añadir que el objeto es «declarar inconstitucional todos estos artículos, en su mayoría, con el aval del Consejo de Estado».

Isabel Rodríguez ha defendido que es «obligación» del Gobierno «velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia», y ha añadido que el dictamen del Consejo de Estado fue emitido el pasado 21 de septiembre.

En relación con los distintos argumentos jurídicos, la portavoz del Gobierno ha puesto de relieve que la ley gallega, «y no existe ninguna duda» en torno a ello en el dictamen del Consejo de Estado, «se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre». «Hay reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto», ha recalcado.

Por otro lado, según ha indicado Isabel Rodríguez, la norma «incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la comunidad autónoma de Galicia» y «reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar». «Las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca ir a menos en la protección de sus costas», ha remarcado.

«Siempre se puede establecer un nivel de protección superior a la ley básica, pero nunca disminuir esa protección del territorio y es lo que también se produce en la redacción de esta ley», ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que «Galicia se atribuye además competencias propias que no estaban previstas en su Estatuto».

Finalmente, Rodríguez ha puntualizado que hay algunas comunidades autónomas que han asumido la gestión de competencias en materia de costas. «Cataluña, Andalucía y, recientemente, Canarias y Baleares lo hacen porque expresamente así lo reconocieron sus estatutos de autonomía. No es el caso de Galicia, que no ha reformado su Estatuto y, por tanto, no puede asumir esas competencias o funciones que no están previstas en su norma básica», ha insistido. Según ha agregado, invade, del mismo modo, competencias exclusivas del Estado sobre pesca en aguas exteriores.

El Parlamento de Galicia aprobó el pasado julio la nueva ley del litoral –con votos a favor del PP y abstención del BNG y PSdeG–, que contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre, definidas en el Estatuto de Autonomía y que el Gobierno gallego quiere empezar a ejercer una vez reciba los medios, tanto personales como económicos, de manos de la Administración del Estado.

LA XUNTA CRITICA QUE EL GOBIERNO «BUSCA LA CONFRONTACIÓN»

Por su parte, fuentes de la Xunta trasladan a Europa Press que el Gobierno opta por este recurso «sin antes convocar Comisión Bilateral para limar diferencias», por lo que censuran que «buscan la confrontación».

Asimismo, el Gobierno gallego se queja que el recurso se basa en un informe del Consejo de Estado que «no conoce» la Xunta. Además, remarca que el Ejecutivo central esperó «hasta el último momento» para esta decisión, dado que el plazo expiraba el viernes.

El Parlamento de Galicia aprobó el pasado julio la nueva ley del litoral –con votos a favor del PP y abstención del BNG y PSdeG–, que contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre, que defiende que están definidas en el Estatuto de Autonomía y que el Gobierno gallego quiere empezar a ejercer una vez reciba los medios, tanto personales como económicos, de manos de la Administración del Estado.

En su día, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la constitucionalidad de su ley del litoral, después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llegase a afirmar a principios de este año que constituía «casi una declaración de independencia».

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegurba que la norma «no tiene resquicio alguno de inconstitucionalidad». «Lo que hace es preparar a Galicia para asumir de forma plena las competencias de gestión del dominio público marítimo terrestre que le otorga el Estatuto», reivindicaba.