La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha defendido que el Gobierno gallego siempre «cumplió» la ley al respecto de la mina de San Finx y en lo que tiene que ver con la tramitación de la depuradora de aguas y vertidos y, en este sentido, ha señalado que en octubre hará una nueva inspección a la mina.

Lo dijo en respuesta a la diputada del BNG Rosana Pérez, quien le pidió explicaciones por los vertidos de la empresa a las aguas, que afectan a la ría de Muros e Noia, después de que se conociesen los resultados hechos en agosto y que superaron hasta en 70 veces los niveles de cadmio permitidos, entre otros.

Además, la diputada nacionalista también advirtió de que hay varios altos cargos de la Xunta llamados como investigados a declarar o así considerados tras la apertura de diligencias por las autorizaciones recibidas por la empresa, situada en Lousame.

En su respuesta, Ethel Vázquez ha asegurado de que si se reiteran los incumplimientos, por los cuales se abrió expediente a Tungsten San Finx por las que puede contar con sanciones graves de hasta 300.000 euros, también estará bajo la lupa la autorización a la depuradora y se podrá revocar en su caso. La autorización provisional está sometida a 18 requisitos y a la atención estricta de las normas hidrológicas y de calidad ambiental.

La titular de la consellería, de la que depende Augas de Galicia, ha insistido en todo momento que la Xunta ha cumplido de forma «estricta» la ley y ha acusado a la diputada de querer «que la incumplan y que la cumplan». «No se puede soplar y sorber», ha dicho la conselleira a Rosana Pérez, a quien recordó que por ejemplo se denegaron en el caso de la mina de Varilongo, en Santa Comba.

Además, defendió que en el caso de San Finx se autorizó una instalación de una depuradora para tratar las aguas procedentes de la mina y garantizar que se cumplen los parámetros exigidos por la normativa en la devolución de las aguas.

«INCUMPLEN DE OFICIO LA LEY»

La diputada del BNG ha dicho que se podría haber evitado la situación actual, incluida la «maraña judicial», si «se hubiese actuado en defensa de la ley» y acusó a la conselleira de «incumplir la ley de oficio, es lo único que hacen».

Además, ha recordado que en febrero de este año fue cuando se concedió una «autorización de vertidos por el que la Fiscalía abrió ya diligencias, empezando por la propia directora (de Augas de Galicia)». «No le pedimos que incumplan, le pedimos que cumplan», ha enfatizado, en referencia a las demandas no solo del BNG, sino también de colectivos sociales y cofradías.