El director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández, ha asegurado que la futura Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos supondrá «un antes y un después» en Galicia, siendo además «pionera» en la integración de los efectos sociales y económicos en la evaluación de un proyecto, así como la compensación de servicios ecosistémicos.

Así lo ha defendido ante la Comisión 6ª del Parlamento, donde ha intervenido a petición del grupo popular para dar cuenta de la nueva norma.

Todos los proyectos energéticos desarrollados en Galicia, ha aseverado, tienen que generar riqueza. Tras hacer un repaso a las últimas medidas llevadas a cabo por el Gobierno gallego en materia energética, con críticas al Ejecutivo central y su «imposibilidad de fijar un marco energético estable», Fernández ha detallado una ley que, ha dicho, supone «un paso más».

Según ha explicado, los objetivos de la norma son alcanzar un mayor beneficio social y económico de los proyectos en la comunidad y en las zonas del ámbito de influencia, así como en sus habitantes. «Que sean proyectos que impacten positivamente en los gallegos», ha insistido.

El título primero de la ley aborda los proyectos con fuentes energéticas renovables, concesión de aguas para usos que determina la ley y proyectos mineros. La norma pretende que se evalúe el impacto social y económico, que se integre en la evaluación de impacto medioambiental de existir esta, y de no ser así, que se exija al promotor que presente un estudio sobre esto.

El segundo título regula la participación de la Xunta en sociedades con objetivos compatibles con la ley, que servirán como instrumentos de financiación para estos proyectos.

El título tercero se centra en la eólica marina que, ha apuntado, experimentará en los próximos años un desarrollo «significativo» en las costas gallegas. Ha señalado sobre esto que la Administración autonómica procederá a la creación de un ingreso compensatorio como contraprestación patrimonial de derecho público de naturaleza patrimonial, extrafiscal y real por la existencia de infraestructuras de evacuación «para contribuir a la cohesión social y económica».

A continuación, el título cuarto regula las actuaciones para recuperar terrenos afectados por incendios forestales, con colaboración público-privada. Así, se creará un fondo de recuperación de incidencia forestal singular, destinado a financiar actividades de recuperación.

El título quinto está enfocado en proyectos de autoconsumo en áreas empresariales de Galicia. Para favorecer su implantación «se eliminan o reducen, en la medida de lo posible», las limitaciones de carácter urbanístico, sin vulnerar las competencias municipales.

El sexto título es para la creación de un sistema volunario de créditos de carbono, que contará con una certificación de los proyectos.

Por último, y teniendo en cuenta el «alto potencial de biometanización de los residuos municipales» derivado de la fracción de recogida selectiva y de materia orgánica contenida en la ‘fracción resto’, el séptimo título establece la posibilidad de valorización integral de estos residuos a través de Sogama.

Pablo Fernández ha asegurado además que ante dos proyectos similares, se preferirá aquel que repercuta más en el territorio.