Ninguno de la veintena de ministros que este martes tomaron la palabra en la reunión en Bruselas para abordar la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas pidió al Gobierno en funciones que priorizara la introducción del catalán sobre el euskera y el gallego para agilizar su oficialidad, porque sus dudas se centraron en el precedente legal que crearía el reconocimiento de lenguas oficiales y en sus consecuencias financieras y prácticas para el bloque.

Así lo han explicado distintas delegaciones consultadas en Europa Press a lo largo de la jornada en la que el Consejo de ministros europeos de Asuntos Generales aplazó sin fecha su decisión sobre la petición española, a la espera de conocer información precisa sobre los aspectos jurídicos, prácticos, económicos y políticos de modificar el reglamento común que rige el uso de las lenguas oficiales en la Unión Europea.

Ahora le corresponderá a España, en tanto que presidencia de turno de la Unión Europea, dar seguimiento al expediente dentro de los grupos de trabajo que existen en el Consejo cuando dispongan de los informes financieros y legales que le piden el resto de socios para estudiar a fondo la petición.

Los ministros dedicaron cerca de 40 minutos a examinar la posibilidad de reconocer como lenguas oficiales el catalán, el euskera y el gallego sin que al final se sometiera la cuestión a votación, dado que quedó patente que una vasta mayoría pidió más tiempo y cifras claras para sustentar el análisis.

Al término, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó a la prensa que en la sala había «propuesto iniciar el despliegue primero con el catalán y, seguidamente, con las otras dos lenguas».

También afirmó que «en absoluto» se trata de una forma de discriminación hacia el gallego y el euskera porque España defiende la oficialidad «de las tres», pero este gesto pretende responder a las dudas de «parte de los Estados miembro» preocupados por el impacto de «tres lenguas de una sola vez».

Para convencer a sus socios europeos, la semana pasada España ya se ha ofreció a asumir el coste de lo que supondría la traducción e interpretación del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales comunes, a pesar de que ser parte del reglamento común que rige las lenguas reconocidas implica que tal coste se sufraga con el presupuesto comunitario. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez tampoco ha facilitado por el momento ninguna cifra del coste estimado para esta medida.

DUDAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LENGUAS REGIONALES

Preguntado por la condición de aplicar un modelo «gradual», el ministro finlandés de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz, ha dicho en declaraciones a varios medios entre ellos Europa Press no recordar que tal exigencia fuera planteada en las discusiones a Veintisiete, más allá de las explicaciones del ministro español.

«No recuerdo que haya sido discutido (…). No puedo prometer que no se hablara, pero no recuerdo que fuera el caso», ha expresado el ministro, quien ha apuntado que el principal elemento de «preocupación» es el «principio general» que supone abrir la puerta del reconocimiento por la UE de lenguas regionales por las consecuencias en otros países con lenguas minoritarias y más con el horizonte de ampliación hacia los Balcanes occidentales que estudia la UE.

«Es necesario tiempo y examinar esos posibles escenarios y ver qué pueden significar para la Unión Europea de hoy y mañana», ha añadido el ministro, antes de apuntar de las dificultades para tomar decisiones este martes por la «incertidumbre» y la información «limitada» que se facilitó a las delegaciones.

«Nadie puede esperar que se adopte una decisión en Bruselas en una mañana sobre una propuesta cuya versión en papel nos acaba de llegar ese mismo día», dijo, por su parte, el secretario de Estado irlandés, Peter Burke, quien se ha unido al resto de delegaciones que apuntan falta de concreción sobre el alcance de los cambios que reclama en España y ha considerado que, en todo caso, oficializar las tres lenguas supondrá una «factura importante».

Un diplomático de otro Estado miembro señaló que Albares planteó la posibilidad de empezar la aplicación práctica del catalán «antes» que la del euskera y gallego, «a pesar de que ningún Estado miembro lo mencionó en sus intervenciones». Tampoco en las discusiones preparatorias a nivel de embajadores se trató este escenario, añade.

«Nadie salvo España ha hablado de trocear (la aplicación del reconocimiento de las lenguas cooficiales», ha apuntado otra fuente diplomática, quien ha dicho que en todo caso el desarrollo de la propuesta será abordado en grupos de trabajo «llegado el momento», aunque aún no hay un calendario claro para ello.

Además, un número importante de delegaciones insiste en la necesidad de contar con un dictamen jurídico de los servicios legales del Consejo para aclarar el impacto de la propuesta española y aclarar el encaje que se podría dar a la entrada de lenguas regionales en la oficialidad.

«No es simplemente la cuestión del catalán sino que quizá se va a cambiar la lógica del funcionamiento de trabajo del régimen lingüístico de la Unión Europea. Si hay una decisión puede tener un impacto sobre otra decena de lenguas», apunta un alto funcionario europeo, que recuerda, por ejemplo, la minoría rusoparlante que hay en Letonia.