El Gobierno local de Pontevedra ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por «vulneración de la tutela judicial efectiva con indefensión del Ayuntamiento» tras el fallo del Tribunal Supremo -que rechazó las apelaciones del ayuntamiento y de la Abogacía del Estado- contra la prórroga de Ence en la ría. Se trata de una medida que el propio el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, había anunciado el pasado mes de julio.

Después de que fuese desestimado un incidente de nulidad presentado por los servicios jurídicos del consistorio en colaboración con el equipo de trabajo contratado para la ocasión con el gabinete CSS Abogados encabezado por el exministro socialista Francisco Caamaño, el Gobierno local eleva sus reclamaciones al Tribunal Constitucional.

En cuanto a las consideraciones que tiene en cuenta este recurso de amparo, destaca que la Audiencia Nacional había recibido hasta seis motivos distintos para anular la prórroga de 60 años concedida en 2013 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Según indica, la Audiencia Nacional «solo atendió uno de ellos», referido al artículo 32 de la Ley de Costas, resolviendo e indicando que la factoría de Ence podía estar situada en otro espacio, lo que anularía la prórroga.

Entre los otros cinco motivos que quedaron sin analizar, sostiene que figura la vulneración de la legislación ambiental autonómica en lo referido al Plan de Ordenación del Litoral y las Directrices de Ordenación del Territorio. Además, asegura que tampoco se ha tenido en cuenta que la decisión de la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra fuese tomada por un Gobierno en funciones.

Otro de los argumentos que contempla el recurso de amparo presentado ahora consiste en la comprobación de que la sentencia del Supremo va en contra de la doctrina del propio Tribunal Constitucional, considerando el artículo 32 en anteriores sentencias sobre las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Para el Gobierno local de Pontevedra, Ence sigue sin justificar que la localización actual en Lourizán es la única en la que puede desarrollar su actividad industrial.

Según el regidor municipal, el Tribunal Constitucional tendrá ahora un plazo de dos a tres años para dictar sentencia, en caso de admitir este recurso. En caso de que fuese rechazado, Fernández Lores ha asegurado que acudirá a Europa con el objetivo de seguir luchando por la defensa de la ría y su recuperación ambiental, revertiendo una prórroga que ha calificado de «injusta».