Podemos Galicia estudia presentar acciones legales para impugnar la decisión de la Xunta de «privatizar» el servicio de interrupción del embarazo, después de que el Sergas haya sacado a licitación un contrato por 1,4 millones de euros para concertar estas intervenciones en clínicas privadas.

En un comunicado, el coordinador nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón, ha denunciado que la medida «va en contra» de la ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en febrero de este año, que establece que el aborto es un derecho al que se debe de tener acceso desde la sanidad pública y utilizar la externalización solo «en casos excepcionales».

San Ramón critica que la Xunta «lleva 13 años financiando agrupaciones anti aborto como Red Madre», una política que el actual dirigente, Alfonso Rueda, «heredó de Feijóo». Así, censuró que el dirigente autonómico «no hace declaraciones altisonantes contra el aborto como los socios preferentes del PP (en referencia a Vox), pero hace lo que está en su mano para dificultar ese derecho».

«Es un ataque a los derechos reproductivos de las mujeres por la puerta de atrás», ha enfatizado el dirigente de Podemos Galicia, quien ha señalado su apoyo al «derecho a un aborto gratuito, público y con garantías de calidad para el bienestar de las mujeres».

DEFENSOR DEL PACIENTE

También se ha pronunciado este miércoles el Defensor del Paciente, que se ha mostrado «impactado» con la «gravedad de la situación de peligro a las mujeres que desean abortar por las circunstancias que sean».

Así, en un escrito dirigido a las autoridades, el Defensor del Paciente critica que se «obligue a ir a clínicas que a lo mejor no tienen la seguridad que deberían tener si surge alguna eventualidad». «Estas interrupciones no son un capricho y en la privada (los procesos) no solo son mucho más caros, sino que tampoco son tan seguros», ha apuntado.

El Defensor del Paciente «aconseja» no acudir a las clínicas privadas, salvo que así lo decidan, y espera que se «tome conciencia de la gravedad» de esta acción por la que se le «pedirán responsabilidades» si ocurre «alguna incidencia».