La diputada socialista Leticia Gallego ha vuelto a cargar este lunes con la decisión de la Xunta de externalizar las interrupciones voluntarias del embarazo inferiores a 14 semanas en centros privados, reclamando que se garantice el derecho a las mujeres a ser atendidas en el centro público más próximo y preguntándose si esta decisión «no tendrá que ver con los pactos del PP con Vox».
En una rueda de prensa en Santiago, Gallego ha considerado esta decisión «un nuevo atentado contra los derechos de las mujeres» y ha recordado que, según la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, «los hospitales gallegos tienen que garantizar personal no objetor para un derecho fundamental para las mujeres».
Los socialistas consideran que este es «un paso más» en el intento de la Xunta de «privatizar la sanidad gallega» y califican el concurso, «presentado en el mes de agosto», de «escándalo».
Paralelamente, Leticia Gallego ha indicado que la justificación de esta externalización, que tendrá un coste de 500.000 euros a tres años, «contradice lo que dijo el propio conselleiro» a una interpelación socialista este mismo año, en la que apuntó que «la objeción no es un problema» para este tipo de intervenciones. «En la misma intervención, el conselleiro decía que ya se contaba con medios en las siete áreas sanitarias, siempre dentro del sistema público», ha dicho la diputada.
RECOMENDACIÓN DEL CONSELLO DE CONTAS
Preguntada por esta cuestión, la viceportavoz del Grupo Popular, Paula Prado, ha asegurado que esa externalización obedece a «una recomendación del Consello de Contas», para que «cualquier contrato fuera del Sergas tiene que ser licitado».
«Con una sola interrupción que se hiciese fuera del Sergas, tendrían que haber sacado esa licitación», ha apuntado Prado, asegurando que «el 100 por cien se están haciendo el centros públicos, salvo las que se solicitan en un centro privado» por decisión de la mujer.
