El Partido Popular impulsará una modificación de la Ley de Costas para dar mayor seguridad jurídica y frenar la reversión de concesiones en el dominio público marítimo terrestre tanto a industrias como a particulares provocada por «la normativa y la actitud del Gobierno» de Pedro Sánchez.

Así consta en el programa electoral al que ha tenido acceso Europa Press y con el que los populares aspiran a gobernar si ganan las próximas elecciones generales del 23 de julio. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará este martes el programa electoral, según ha anunciado él mismo este martes en una entrevista en Telecinco. En los últimos días está avanzando algunas medidas en actos electorales.

De acuerdo con el texto del programa, el objetivo de los populares es dar mayor seguridad jurídica a las instalaciones en la franja litoral, así como a los propietarios y las administraciones implicadas en su gestión con una perspectiva social, económica y ambiental.

Además, asegura que con la propuesta da cabida «tanto a la sostenibilidad del complejo mar e industria, como a núcleos o actividades tradicionales y con arraigo».

En ese sentido, el PP ve «necesario» recuperar un debate legislativo para lograr una normativa que proteja el dominio público marítimo terrestre en los términos que dicta el artículo 132 de la Constitución pero compatible con otros derechos constitucionales como la seguridad jurídica o el derecho a la propiedad privada.

De este modo, la propuesta programática argumenta que estos cambios normativos sobre la gestión y ordenación del dominio público marítimo-terrestre, en colaboración con las comunidades autónomas con competencias en esta materia, harán «compatible» la protección del medio ambiente y de los valores naturales en la costa con el mantenimiento de usos y actividades socioeconómicas que se desarrollan de forma sostenible y tradicional en esta parte del territorio.

La promesa electoral prevé la regulación de las distintas actividades humanas en el litoral para garantizar un aprovechamiento sostenible de sus recursos y el buen estado de los ecosistemas costeros desde una triple perspectiva: ambiental, social y económica.

El PP justifica esta reforma de la Ley en que la normativa vigente y «la actitud del Gobierno» está provocando la reversión de concesiones de Dominio Público Marítimo Terrestres a industrias y particulares y el abandono de las obras de protección del litoral que presidieron el espíritu de la Estrategia de Protección del Litoral Español frente al cambio climático que aprobó el Gobierno Rajoy en 2015.

En ese contexto, el PP considera que tanto la normativa como la actitud del Gobierno han hecho florecer movimientos vecinales que han protagonizado manifestaciones de repulsa a esas políticas.

En la actualidad, el artículo 132 de la Constitución Española declara bienes de dominio público estatal la zona marítimo terrestre, las playas y el mar territorial.

En 1988 fue aprobada la Ley de Costas que marca un tratamiento conjunto para toda la costa que, en lo que afecta a derechos privados, es para los populares «bastante restrictivo» ya que prevalece el dominio público sobre los títulos privados cuando haya causa para ello.

El programa de Feijóo valora que esta prevalencia ha derivado en la pérdida de propiedad privada de los bienes que puedan estar incluidos en el dominio público, sin compensación económica pero con derecho a una concesión administrativa.* Así se mantuvo la situación hasta 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma de la Ley de Costas que el PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional. El fallo del alto tribunal modificó parcialmente la reforma pero «sirvió para dar seguridad jurídica».

Posteriormente, en 2014 fue aprobado el Reglamento de la Ley de Costas que estuvo en vigor hasta 2021, cuando la Ley de Cambio Climático modificó el criterio de cómputo de las concesiones en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a través del Real Decreto 668/2022 que modificaba el Reglamento de Costas.

El PP lamenta ese cambio que se hizo «peses a las numerosas alegaciones de todo tipo de asociaciones e incluso Ayuntamientos con gobiernos de todo signo» dado que provocaba «un número considerable de arbitrariedades» en favor de la administración y en contra de los derechos de los ocupantes de la costa.

Si bien el reglamento de 2014 establecía que la delimitación del dominio público marítimo terrestre llegaba a «donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos» al menos cinco veces en cinco años, la modificación de 2022 reducía a que fuera suficiente con una sola vez.

Además, el PP está en contra de que con la norma vigente no exista la posibilidad de revisar deslindes hacia el mar si se verifica que no ha llegado oleaje a una zona en 50 años o bien que se prohíban las concesiones o prórrogas cuando las obras o instalaciones tengan un cierto riesgo de ser alcanzadas por el mar; o que los paseos dejen de ser linde fijo de ribera de mar.

Los populares califican estas propuestas de «arbitrarias e injustificadas» y critican que cuando lo necesario es proteger la costa, lo que regula el Gobierno «son más limitaciones a los derechos de los ocupantes».

En definitiva, el PP explica que todo esto se basa en la Ley de Costas de 1988 que «ha fracasado en la mayoría de sus objetivos» y que ha generado gran inseguridad, conflictividad social y judicial e incluso recomendaciones de revisión de la UE.

En este contexto, el PP defiende que es «partidario de racionalizar» el uso sostenible del litoral, equilibrando la conservación ambiental con el uso económico y social de la costa.

Por ello, recuerda que en la presente legislatura los populares han presentado mociones en ese sentido y que se tramitó en el Senado una Proposición de Ley de modificación de la Ley para añadir una Disposición adicional que permitiera conservar núcleos urbanos con valores etnológicos dignos de ser protegidos, aunque estuvieran afectados por el dominio público marítimo terrestre.

Finalmente, valora que «esas acciones» han derivado en que las plataformas vecinales y la ciudadanía en general «perciban al PP como la única fuerza política que los escucha y defiende gran parte de sus reivindicaciones». Por ello, añade que estos colectivos esperan del PP que ejecute las medidas si alcanza el Gobierno.