El Parlamento de Galicia ha instado este martes a la Xunta a adoptar medidas a favor del sector primario gallego y la recuperación demográfica y por la mejora de la calidad de vida de la población del rural.

El texto de la moción, presentada por el diputado del BNG Xosé Luis Rivas, contiene un primer punto –aprobado con los votos de nacionalistas y populares y la abstención del PSdeG– en el que se comprometen a trasladar el compromiso de las tres fuerzas políticas que componen el arco parlamentario para promover en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sentido de establecer los mecanismos necesarios para el cálculo de los costes de producción de los productos agroganaderos para establecer precios de referencia.

De este modo, se pretende asegurar así las mínimas ganancias que permitan el desarrollo económico-social y la pervivencia de los diferentes sectores productivos del rural.

Además, por unanimidad, los tres grupos han apoyado planificar «acciones coordinadas y debidamente presupuestadas destinadas a activar zonas deprimidas, abandonadas y despobladas que permitan el reinicio de las actividades agroganaderas que fijen población, reactiven la economía y gestionen territorio» con la meta puesta en «la necesaria capacidad de autoabastecimiento alimentario, utilizando para tal fin los instrumentos de la Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia».

En la defensa de esta moción, Xosé Luis Rivas ha defendido que Galicia tiene «toda la potencialidad del mundo» para «reconducir un modelo basado en la tierra». «Solo es necesario ordenar el territorio, planificar mosaicos y potenciar medianas y pequeñas explotaciones con respeto a las buenas prácticas y equilibrio medioambiental», ha sostenido.

Para eso, ha afirmado, se necesitará «el impulso político que nace del amor por lo nuestro». «Van a ser imprescindibles años de firmeza y más amplios consensos. La meta merece la pena y para eso siempre encontrarán al BNG con la mano tendida», ha expuesto.

En este contexto, el socialista Martín Seco ha indicado que la ley de cadena alimentaria «no tiene efectos mágicos» y «no todo cabe en el marco de la legislación europea», por lo que cree que lo importante es «poner en marcha los mecanismos necesarios para que se cumpla la norma».

Por su parte, el diputado del PPdeG José Antonio Armada ha destacado las medidas de la Xunta en esta materia y ha pedido lanzar un mensaje desde la Cámara gallega «claro, directo, entendible» y, sobre todo, «hacer empatía» con el sector.

MENORES TUTELADOS

Por otra parte, el PP ha rechazado en esta sesión parlamentaria una moción del grupo socialista en relación con la política de la Xunta en materia de protección de menores en situación de riesgo y desamparo que pretendía, entre otras cosas, duplicar el número de personal en los Equipos Técnicos de Menores de toda Galicia para abordar «el incremento de expedientes de menores».

En la defensa de esta propuesta, la diputada socialista Marina Ortega, que ha lamentado que al principio de su intervención la bancada popular estuviera prácticamente vacía, ha demandado también elaborar un plan de sensibilización sobre acogida familiar y agilizar los procesos de adopción «dentro de las competencias de la administración autonómica».

Asimismo, ha pedido que se inicie «un proceso de recuperación de gestión directa de los centros de menores de Galicia para facilitar fomentar convenios cumpliendo con la normativa», para que «ningún menor de 6 años llegue a ingresar en un centro».

«Quiero que se hable de una vez por todas de los niños y niñas que viven este tipo de situaciones y que dejen de ser invisibles. Tenemos que invertir, dilucidar las causas y soluciones para eliminar las mochilas que llevan estos niños a sus espaldas, que condenan a muchos de ellos a etapas adultas traumáticas o de exclusión», ha expuesto.

En esta misma línea se ha manifestado la diputada del BNG Olalla Rodil, que ha concordado con que «se incremente y se duplique» el personal técnico, aunque «haciendo hincapié en las jefaturas territoriales que tengan mayor carga de trabajo».

«La Xunta reconocía que en A Coruña o Vigo la media de expedientes por funcionario era de 70. ¿Es mucho o poco? Son niños. Las cosas son relativas sin pensamos en que hablamos de menores de edad y de sus derechos», ha ejemplificado Rodil.

Por el contrario, la diputada del PPdeG Raquel Arias ha asegurado que no se puede pedir que se dupliquen los equipos porque es «irrealizable». Además, también ha defendido en su intervención que en Galicia «no hay ni un solo centro de protección de niños y adolescentes que esté gestionado por una empresa con ánimo de lucro».