El BNG ha exigido «el cese inmediato» de la actual dirección de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) tras la admisión a trámite por un juzgado compostelano de la querella de una empleada por supuesto acoso moral y contra los derechos de los trabajadores, que sin embargo, el ente público ve «una réplica de acciones previas y ya juzgadas» a su favor.
En un audio remitido a los medios, la diputada nacionalista Olalla Rodil habla de la «imputación de una importante parte de la dirección de la CRTVG, incluido el director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo», a raíz de una información publicada por Nós Diario, que apunta que los ocho directivos sobre los cuales se dirige la querella tendrán que declarar, «en calidad de investigados, si bien dicha diligencia se señalará una vez se practique la declaración de la querellante», después del próximo 28 de septiembre.
Olalla Rodil ve que es «gravísimo» y considera que «la actual dirección debe ser cesada de manera inmediata» porque «no es la primera vez que pasa». Alude a dos condenas contra la CRTVG «por vulnerar los derechos de conciliación de dos trabajadoras», a la condena por «perseguir políticamente» a un periodista conocida hace un año y a una investigación abierta por el Consello de Contas «por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de contratación pública de las conexiones en directo».
SIN CONOCIMIENTO DE LA QUERELLA
Fuentes de la CRTVG consultadas han asegurado que ni el ente ni ninguna de las personas contra las cuales se dirige la querella por supuesto acoso laboral han recibido hasta este sábado notificación al respecto. Pero puntualizan que a la vista de lo publicado, «tanto por la coincidencia en la temática como por las personas acusadas, se puede asimilar que esta querella es una réplica de acciones previas y ya juzgadas».
Al respecto, estas fuentes exponen que en 2018, un trabajador presentó una denuncia ante el Juzgado de lo Social contra la CRTVG por un cambio de ubicación de puesto de trabajo, «cuyo fallo fue favorable a la corporación» en una sentencia que «es firme». Ya en 2019, presentó una queja ante el Valedor do Pobo, cuya titular determinó que esa institución «no es competente para evaluar los hechos».
Posteriormente, en 2020, según el ente público, ese trabajador presentó una denuncia contra directivos por vulneración de derechos fundamentales, pero asegura que el juzgado de lo social dictó sentencia «desestimando íntegramente todas las pretensiones y por lo tanto, favorable a la CRTVG y a los directivos acusados». «La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2021, por lo que el fallo es firme», agrega.
Asimismo, la CRTVG sostiene que a nivel interno se abrieron dos procedimientos para activación del protocolo de prevención contra el acoso, con comisiones formadas por dos miembros de la empresa y dos de la da parte social. «En ninguna de las dos comisiones se concluyó que existiesen indicios de conductas compatibles con supuestos de acoso laboral», afirma el ente de los medios públicos gallegos.
EL BNG VE UNA SITUACIÓN «INSOPORTABLE»
Sin embargo, la diputada del BNG recuerda que los trabajadores de los medios públicos gallegos «llevan años denunciando la manipulación y las represalias que soportan por parte de una dirección que puso a la CRTVG al servicio de los intereses del PP».
«Están llevando a los medios públicos de Galicia a una situación insoportable y deben ser cesados de inmediato, comenzando por el director xeral, que se mantiene en el cargo en contra de lo que dice la ley sólo por seguir haciendo de la TVG y de la Radio Galega la terminal de propaganda del PP», proclama Olalla Rodil.
