El PP ha impedido la aprobación este miércoles en el Parlamento gallego de una iniciativa del BNG, apoyada por el PSdeG, para reclamar a la Xunta que inicie la extensión de la declaración como bien de interés cultural (BIC) a los bienes muebles del Pazo de Meirás, con el objetivo de evitar que la familia Franco los saque de este complejo histórico situado en Sada (A Coruña).

Los populares, con su mayoría absoluta en la Cámara autonómica, ha tumbado esta proposición no de ley (PNL) debatida en la comisión de educación y cultura porque el Estado es la administración titular del pazo y la «competente» para ampliar la distinción de BIC, como titular. El mero inicio del expediente ya impediría su retirada.

Además, tal y como lo ha argumentado durante el debate el diputado del PP Carlos Gómez, el «único modo de garantizar» la propiedad pública de estos bienes es «a través de la vía judicial», que ya está abierta después de la demanda puesta el pasado año por la Abogacía del Estado en un juzgado de Madrid para reclamar también más de 500 muebles.

La encargada de defender la PNL ha sido la diputada del BNG Mercedes Queixas, quien ha acusado a los populares de «no cumplir» los acuerdos que ellos mismos alcanzan. En este sentido, ha recordado que en mayo de 2021, hace dos años, el Parlamento aprobó por unanimidad de los tres grupos –en la comisión 1ª– una propuesta del Bloque, transaccionada con el PP, para iniciar de forma urgente el procedimiento de extensión del BIC Torres de Meirás a los bienes muebles.

Queixas ha censurado tanto a la Xunta como al Gobierno estatal que «no se pongan de acuerdo» en esta cuestión, a pesar de contar con ejemplos como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, situada en el mismo complejo. Por eso, ha pedido a la Administración autonómica que actúe frente al «abandono del patrimonio público gallego» después de que un juzgado de A Coruña autorizase a los Franco a retirar estos muebles.

Para justificar su voto en contra, el popular Carlos Gómez ha insistido en que la administración «competente» para hacer esta declaración es la estatal, al tiempo que ha recordado que la Xunta, con este propósito, «propuso una fórmula colaborativa» que el Gobierno «rechazó repetidamente».

En cualquier caso, el diputado del PP ha alegado que el proceso judicial ya en marcha es «el único modo de garantizar la propiedad de estos muebles» y ha destacado, pese a que la demanda la inició el Estado, que estos procedimientos son «resultado del trabajo de los técnicos de la Xunta».

Gómez ha defendido que la autonómica fue la administración que, tras varios acuerdos unánimes emanados del Parlamento, encargó el estudio jurídico y nombró la comisión de expertos que concluyó que el Estado estaba legitimado para reclamar las Torres de Meirás. Su titularidad pública fue ya confirmada tanto por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña como por la Audiencia Provincial, pero el caso todavía está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.

Asimismo, pese al voto en contra, el diputado del PP ha garantizado que «no va a salir del Pazo ningún bien con valor cultural o que pueda contribuir a la historia de Meirás por su vinculación con las figuras históricas que por ahí pasaron».

El PSdeG ha apoyado la propuesta del BNG y su diputada Noa Díaz ha reiterado que «es competencia de la Xunta» la ampliación del decreto del BIC. Asimismo, ha recordado que, «solo de iniciarse» el expediente, ya se daría a estos bienes «esa protección deseada».

No en vano, la socialista ha contrapuesto la «tibieza del PP con la recuperación de la memoria histórica» frente al proceso para la recuperación del Pazo para lo público, alcanzado «gracias al esfuerzo de muchas personas, de la sociedad civil y de asociaciones de memoria, pero también por el firme compromiso del Gobierno del Estado».

Por otra parte, la comisión de educación y cultura ha aprobado una PNL propuesta por el PP –los socialistas han votado sí, mientras que el BNG se ha abstenido– para instar a la Xunta a elaborar una programación especial que conmemore el 40 aniversario de la ley gallega de normalización lingüística, aprobada en 1983.