El letrado Juan Ramón Montero, quien se ocupa de la defensa del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ante el juicio por supuesto delito contra la seguridad vial, ha vuelto a defender este miércoles que «no cabe procedimiento penal». El argumento es que su defendido «no iba ni si quiera a 200 km/h» como dictamina la resolución inicial por la que asumió la multa administrativa y ha denunciado «irregularidades» con el proceso.
Baltar estaba citado este miércoles en el Juzgado de lo Penal de Zamora para responder en un juicio por supuesto delito contra la seguridad vial a raíz de unos hechos que se remontan al pasado domingo 23 de abril, cuando fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos (Zamora) al volante de un coche de la Diputación.
El juicio –ahora pendiente de que se fije una nueva fecha– se ha anulado finalmente a causa de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia y Baltar no ha llegado a desplazarse al juzgado, adónde sí acudieron su abogado y los agentes que se encargaron de hacer el atestado.
Por su parte, el abogado del líder provincial de los populares ourensanos se ha mantenido en la tesis de que su defendido ya asumió la multa administrativa y ha puesto el foco en supuestas «irregularidades» en el proceso, como la «alteración» de informes por parte de la Guardia Civil, hasta el documento definitivo que dio pie al procedimiento penal. El quid de la cuestión estaría en el margen de error del radar que le detectó.
En principio, a Baltar se le notificó una infracción administrativa por exceso de velocidad, por lo que asumió la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una multa de 600 euros, que se vio reducida a 300 por pronto pago. Sin embargo, posteriormente, al tratarse de un cinemómetro ubicado de forma temporal en un punto fijo, el margen de error se habría reducido hasta el 5% y, en consecuencia, el dirigente ourensano habría cometido un supuesto delito contra la seguridad vial.
«Es imprescindible, para que la justicia sea justa, que previamente se compruebe por qué se han ido realizando esas actuaciones que no son ordenadas por el juzgado, que no son ni siquiera conocidas por él. Realizadas por quienes son, en principio, los actuantes, sobre un expediente que había quedado en principio cerrado, y que luego ha ido incorporando modificaciones a la carta, entiéndanme en lenguaje coloquial… Modificaciones, errores, ‘donde dije, digo digo Diego'», ha esgrimido el letrado de Baltar.
(Habrá ampliación)
