El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, ha resuelto no atender la petición de suspensión de la comparecencia del presidente de la Diputación de Ourense y del Partido Popular en dicha provincia, Manuel Baltar, prevista este martes para un juicio rápido tras su interceptación el pasado 23 de abril cuando circulaba, a la altura del término zamorano de Asturianos, a 215 kilómetros por hora con un vehículo oficial por una vía con limitación de la velocidad a 120.

Según ha informado este martes el TSJCyL, el citado Juzgado ha resuelto no atender la petición de suspensión ya que el juicio rápido se puede celebrar «por medios telemáticos» a lo largo de la mañana de este martes.

Las mismas fuentes han confirmado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria recibió ayer un escrito de la representación legal del presidente de la Diputación de Ourense en el que se solicitaba la suspensión de la comparecencia prevista para este martes alegando tener un señalamiento anterior.

La comparecencia de Baltar estaba prevista a partir de las 09.30 horas en dicho juzgado, donde tiene abiertas unas diligencias por un delito contra la seguridad vial en las que figura como investigado, si bien la misma no es de carácter público, tal y como ha advertió el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El dirigente «popular» fue multado con 600 euros–300 por pronto pago– y le fueron retirados seis puntos del carné de conducir, si bien a la vía administrativa se suma ahora la penal al haber excedido, presuntamente, en 84 kilómetros por hora el límite de la vía, tal y como establece el atestado de la Guardia Civil, que aplica un margen de error del 5 por ciento en este caso al haber sido ‘pillado’ Baltar en el coche oficial por un radar fijo.

El artículo 379 señala que el delito contra la seguridad vial está castigado con pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

Días después de lo ocurrido, Manuel Baltar, al frente de la Diputación ourensana desde 2012, pidió disculpas y lo atribuyó «un despiste acontecido en una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo» y aseguró ser la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa para él, «derivada de un error aislado pero que no es, desde luego, adecuada».

Hasta el momento su propio partido, a través de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha evitado avanzar si le serán exigidas responsabilidades políticas en caso de resultar condenado por un delito contra la seguridad vial debido a su exceso de velocidad, y todo ello tras abogar por no adelantarse a «ninguna decisión judicial» y para evitar hacer «juicios paralelos».

En el lado opuesto se han posicionado, entre otros, distintos dirigentes políticos ourensanos, como el portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, quien una vez reconocido que la vía política por la multa al presidente provincial está «agotada», una vez que sus «jefes» lo avalan y no le instan a dimitir, advirtió de que los socialistas «no van a parar aquí» y avanzó que lo «intentarán» en la vía judicial por el uso del parque móvil de la institución provincial para fines particulares.

En la misma línea se manifestó el portavoz del BNG, Bernardo Varela, quien lamentó que «hay un uso espurio» de un vehículo público por parte del presidente en lo que calificó como «un síntoma de cómo se maneja esta provincia con un presidente que entiende que el Pazo Provincial es su cortejo privado».

Hasta la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se hizo eco de lo ocurrido durante una visita a Ourense para apoyar al candidato de la formación morada, Toño Naval, que lidera la candidatura de confluencia en la ciudad para la cita electoral del 28 de mayo, al apuntar que «hay cientos de razones para sacar a Baltar de las instituciones».