La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha remitido una pregunta a la Comisión Europea para conocer el estado del procedimiento de infracción contra el Estado español por incumplimiento de la Directiva de servicios en las concesiones costeras y para saber qué medidas tomó el Estado miembro para corregir las causas.

«Es totalmente inaceptable que los sucesivos gobiernos estatales incumplan la normativa europea que precisamente sirve para proteger nuestra costa de la contaminación y del expolio de empresas como Ence», ha manifestado Ana Miranda.

Asimismo, según ha informado el BNG en un comunicado, la eurodiputada nacionalista destaca que la Ley de Costas sustentó la prórroga de la concesión a la empresa papelera Ence hasta 2073, concedida por el Gobierno de Rajoy en 2016 sin un proceso abierto de selección e infringiendo la Directiva de servicios.

En este sentido, recuerda que en una sentencia del 20 de abril de 2023, el Tribunal de Justicia de la UE declara que la Directiva de servicios impone la obligación de que estas concesiones sean adjudicadas con selección imparcial Y transparente. «Por si fuese poco, el propio TJUE deja sin efecto las normas estatales que dispongan lo contrario», destaca.

La eurodiputada nacionalista asegura que, según el Derecho de la Unión, para otorgar concesiones de ocupación del dominio público marítimo, los Estados miembros deben aplicar un procedimiento de selección entre los candidatos potenciales cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad esté limitado debido a la escasez de los recursos naturales. «En el caso de la prórroga de Ence, nos encontramos por tanto en una clara vulneración del derecho comunitario», ha señalado Ana Miranda.

Además, la eurodiputada del BNG recuerda que el 15 de febrero de 2023 la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra el Estado español por incumplir la Directiva de servicios y no garantizar un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras.

«Ya pasaron los dos meses que tiene de plazo el Estado para responder al requerimiento, por lo que queremos saber si desde el Gobierno central se tomó alguna medida al respecto», manifiesta Ana Miranda, que critica no tener acceso al expediente correspondiente.