El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que el Ejecutivo autonómico aplica criterios estrictos para decidir si autoriza o no parques eólicos, como prueba, ha dicho, que solo ha autorizado 75, el 63% de los que completaron la tramitación.

Rueda se ha remitido a las cifras dadas en el Parlamento con Conde y ha advertido que, frente a las críticas y a protestas en las que se afirma que la Xunta tiene «filtros o criterios», los datos evidencian que «casi la mitad quedaron en el camino» y que varios tuvieron que reducir potencia frente a lo que proponían inicialmente.

«Lo que no se puede autorizar no se autoriza», ha aseverado Rueda, antes de añadir que desearía que el Gobierno central fuese igualmente «transparente» en la tramitación de los proyectos eólicos que le atañen.

«La ciudadanía debería saber qué pasa con elloss igual que con los gallegos», ha agregado.

PEAJES EN LA SOMBRA

En otro orden de asuntos, ha sido cuestionado en relación al pleito que tiene con el Gobierno central por las facturas pendientes por los peajes de los tramos gratuitos de la AP-9 en Rande y A Barcala correspondientes a 2020 y 2021.

La Xunta se considera libre del pago de lo que sería su ‘mitad’ después de que el Gobierno central decidiese, con Mariano Rajoy al frente e Íñigo de la Serna como responsable del Ministerio de Fomento, en el año 2017, asumir la integridad del abono de ambos peajes en la sombra.

El Tribunal Supremo declaró ilegal dicha decisión unilateral y ahora el Gobierno tiene un pleito con la Xunta por estas facturas pendientes con Audasa.

Rueda se ha preguntado «qué le debe el Gobierno central a Audasa para pleitear contra los intereses de los gallegos» y ha insistido en que la Xunta considera que «no tiene por qué» pagar peajes en relación a una vía sobre la que no tiene competencia.

Además, ha incidido en que esta situación también permite poner en el foco el debate sobre la transferencia de la AP-9 a Galicia, «aplazada por el PSOE» en el Congreso de los Diputados.