El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Lugo ha eximido al Ayuntamiento de Lugo de abonar la indemnización de 15,4 millones de euros que reclamaban el promotor del edificio de O Garañón por la decisión del gobierno local de paralizar en 2011 la construcción del inmueble.

La sentencia emitida este mismo jueves y contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestima el recurso presentado por el promotor de O Garañón en julio de 2013, en el que pedía el reconcimiento del derecho a percibir una compensación millonaria.

El magistrado titular del juzgado lugués determina en su resolución que en 2011, momento en el que el consistorio paralizó la construcción del inmueble, no concurría «un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado».

De este modo, considera que lo que ocurrió «en ese momento, no posteriormente» debe «incardinarse dentro de los márgenes de lo razonable, no siendo la primera, ni única vez, que ha de retrotraerse un procedimiento administrativo por falta de un informe».

El juez entiende que del análisis de la situación urbanística en el momento de la paralización de las obras o el estado de ejecución del convenio para levantar O Garañón se extrae que no hubo un incumplimiento de este acuerdo firmado en 2005 por la administración municipal.

Argumenta que la paralización se basó en una «retroacción del procedimiento administrativo» para solicitar un informe a la Consellería de Cultura que resultó negativo al valorar la protección del sanatorio Portela y Termas Romanas y del Parque Rosalía de Castro, este último dentro del plan urbanístico de 2011 que fue publicado un año más tarde.

Asimismo, el magistrado determina en su sentencia que la suspensión de las actuaciones durante seis años (entre 2014 y 2020), «tiempo necesario» para que existiesen tres resoluciones del TSXG «hasta que el recurrente instó su continuación», «no sanan la situación inicial de haber ejercido una acción de responsabilidad patrimonial de forma precipitada, en un momento en que no concurría un daño real y efectivo, ni un incumplimiento sustancial del convenio firmado entre las partes».

Así las cosas, el juez explica que la suspensión de las obras fue resultado de una resolución dictada «en sede de un proceso de instrucción penal» que se inició en 2009 y que fue finalmente archivado por la Audiencia Provincial en 2021.

La desestimación del recurso, según consta en la sentencia, no lleva aparejada la imposición de costas «toda vez que, en el ámbito contractual en que nos encontramos, cualquiera de las partes, ayuntamiento o promotor, podía haber instado la resolución del convenio, vía correcta para solucionar el conflicto generado, no haciéndolo, prolongando injustificadamente una situación jurídica anómala». El fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.

En la sentencia, en la que no impone el pago de costas, el magistrado explica que, finalmente, «la suspensión de la ejecución de la obra se operó como resultado de una resolución dictada en sede de un proceso de instrucción penal, iniciado en 2009 y archivado definitivamente por la Audiencia Provincial en 2021».

Además, subraya que la empresa promotora de O Garañón entró en concurso voluntario en el año 2017 y se encuentra en la actualidad en fase de liquidación, así como que el ayuntamiento lugués ha declarado todo la parcela como zona verde, lo que descarta «toda la posibilidad de existencia de edificios, vedando ya toda posibilidad de cumplir el convenio firmado con el recurrente».

LARA MÉNDEZ CELEBRA LA DECISIÓN

En declaraciones difundidas a los medios tras conocerse la decisión judicial, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha mostrado su satisfacción por la sentencia «favorable para el ayuntamiento y, por lo tanto, para la ciudadanía».

La regidora socialista ha recordado que su predecesor en el cargo, José López Orozco, y el actual delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, «sufrieron un calvario» en los juzgados por el caso O Garañón.

«Hoy vemos que la realidad es testaruda», ha añdido Méndez, que ha afirmado que se trata de un «día importante» para el gobierno municipal después de años de «pelea y lucha» en los que, dice, han estado «solos».

«En Lugo se sabe cómo se entra en los juzgados, muchas veces, desgraciadamente con anónimos y papelitos», ha aseverado Méndez en alusión a los anónimos relacionados con la candidata a la Alcaldía de Lugo por el PP, Elena Candia, que motivaron la apertura de investigaciones judiciales contra Besteiro, finalmente archivadas.