El pleno de la Cámara gallega ha aprobado este martes con el apoyo de todos los grupos el dictamen emitido por la Comisión para las Relacións co Consello de Contas sobre los informes incluidos en la memoria de actividades de 2021 del ente fiscalizador, entre los que se incluye la Cuenta general de la Xunta relativa al año 2020.

En su turno de palabra, la diputada popular Cristina Sanz ha destacado que esta Cuenta General del 2020 demuestra la «buena gestión» del Gobierno gallego pese a las dificultades que caracterizaron ese ejercicio, marcado por la emergencia sanitaria. «Creo que a la luz de los resultados, es un hecho indiscutible que Galicia superó la situación mejor», ha destacado la parlamentaria popular.

En la votación, además, ha salido adelante, en este caso con el rechazo de la oposición y el voto a favor del grupo mayoritario, una propuesta de resolución presentada por el PP que pedía que la Cámara instase a la Xutna a «continuar dando cumplimiento efectivo a las recomendaciones realizadas por Constas en sus informes de fiscalización. La oposición optó por el voto en contra al asegurar que la Xunta no rinde cuentas ni respeta las recomendaciones de este órgano.

Con todo, sí ha habido acuerdo de todos los grupos para el resto de propuestas, como otra formulada por el PPdeG para instar al Gobierno gallego a que en esta legislatura se complete el proceso de regularización de todas las contrataciones de prestación de servicios sanitarios a través del procedimiento contratual adecuado.

A raíz de una propuesta del Bloque, la Cámara también ha instado a la Xunta a establecer sistemas de control sobre las sociedades y fundaciones públicas en las que la Administración autonómica no ostenta el control y el socio mayoritario.

Además, se han aprobado tres propuestas del PSdeG y una transacción. La primera de ellas emplaza al Ejecutivo autonómico a integrar para todos los efectos las fundaciones de investigación con conexiones a los centros sanitarios públicos en el sector público autonómico, sometiendo, por tanto, sus cuentas a la rendición del Consello de Contas de Galicia.

También se ha llamado a la Xunta a presentar en el plazo máximo de cinco meses un informe a la Cámara gallega en el que de cuenta pormenorizada del grado de ejecución o cumplimiento en relación con las conclusiones y recomendaciones realizadas por Contas y recogidas en el documento ‘Diagnóstico dos sistemas de control interno e estratexia de prevención de riscos da corrupción na Administración xeral.

Asimismo, se ha acordado instar al Gobierno gallego a reducir el grado de temporalidad en el empleo público, especialmente en el ámbito sanitario y, tras una transacción, se ha emplazado a la Xunta a poner de marcha de forma inmediata el registro de entidades del sector público previsto en el artículo 52 de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En su turno de palabra, la parlamentaria socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha criticado que las recomendaciones, en el caso del Informe de la Cuenta General de 2020 sean «en su mayoría idénticas a las hechas en ejercicios anteriores sin que por parte del Gobierno gallego se hayan tomado las medidas necesarias para aplicarlas».

«No solo se incumplen, sino que ni se explican los motivos», ha censurado la parlamentaria socialista, que ha asegurado que el Parlamento otorga medallas a Contas mientras la Xunta sigue sin dar cumplimiento a sus recomendaciones. «Para la Xunta estos informes son un mero trámite incómodo porque evidencian la debilidad de gestión de este gobierno», ha dicho.

Por su parte, el parlamentario nacionalista Iago Tabarés ha asegurado que el escaso número de propuestas aceptadas por los populares reflejan la «soberbia» de una Xunta que es consciente de que «está en una etapa ya agotada», que hace unas «vías de aguas» que «ni tan siquiera la manipulación de los medios públicos puede esconder».

Asimismo, ha considerado que el Gobierno gallego no puede ni debe «seguir de perfil» ante «irregularidades» como las detectadas en el Sergas, la «falta de información y transparencia» y «escaso rigor en ingresos y gastos», entre otras cuestiones.

«Desde el BNG en esta etapa final del Gobierno del PP ya no le pedimos que gestionen bien ni que planifiquen, simplemente le pedimos que cumplan la ley, cosa que ni tan siquiera hacen», ha sostenido.