La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado a los grupos parlamentarios una serie de propuestas al Proyecto de Ley de Función Pública, como la evaluación del desempeño, la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales, la jubilación parcial voluntaria o el teletrabajo.

«Dichas enmiendas pretenden mejorar el texto durante su tramitación garantizando reivindicaciones fundamentales para el colectivo de empleados públicos», ha afirmado el sindicato a través de un comunicado.

El sindicato presidido por Miguel Borra ha denunciado que el texto llega con 15 años de retraso, y que además la redacción actual está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una ley de esta magnitud, ya que muchos aspectos fundamentales se regulan «de forma deficiente e incompleta, e incluso otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas». Además, CSIF ha advertido de que carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo.

En este sentido, el sindicato ha trasladado a los grupos parlamentarios un documento con 32 enmiendas para que las defiendan durante la tramitación del proyecto de ley. Entre otras propuestas trasladadas a los grupos parlamentarios figura la obligatoriedad de la evaluación de desempeño para todos los empleados públicos y que tenga efecto directo en la carrera profesional.

Además, se plantea que los nombramientos y ceses de personal directivo se realicen según los méritos del candidato y no por libre designación, que la jornada general de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) sea de 35 horas semanales y se propone el desarrollo del teletrabajo, detallando las condiciones laborales bajo las que se realizará.

CSIF ha avanzado que iniciará próximamente una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios, a quienes trasladarán en persona su preocupación por las actuales carencias que presenta el proyecto de ley, e instarles a que defiendan las propuestas durante la tramitación en el Congreso y el Senado del Proyecto de Ley de Función Pública.