El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha arrancado su «ofensiva» parlamentaria para reclamar más competencias para Galicia y aumentar el autogobierno con la proposición de ley para conseguir las competencias de gestión de la costa y el litoral. En ella, alude a las posibilidades constitucionales y estatutarias, así como se apoya en el informe del Consello Consultivo encargado por la Xunta.

Precisamente, el pasado verano, el Gobierno gallego solicitó al Consultivo gallego un informe en e que el órgano de consulta dictaminó que la Comunidad Autónoma de Galicia ya cuenta con «todas las facultades o funciones» de ordenación del litoral, incluidas aquellas sobre «la gestión de los títulos de uso y ocupación» del dominio público marítimo-terrestre, porque así lo establece el propio Estatuto de Autonomía en su artículo 27.3 y lo apoyan varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Este informe fue solicitado en plena polémica con el Estado sobre la petición de transferencia, sobre la que «no resulta necesario modificar dicho Estatuto» para asumir las competencias en este ámbito, tal y como exigía el Gobierno estatal.

En fechas posteriores, la Xunta presidida por Alfonso Rueda impulsó el anteproyecto de ley de ordenación del litoral, que ha recibido más de 80 alegaciones durante su exposición pública y para las cuales el Ejecutivo autonómico busca su posible encaje antes de remitir al Parlamento el texto legislativo, algo que tiene previsto hacer esta primavera.

Previamente, el Consello de la Xunta también aprobó en octubre de 2022 un recurso ante el Tribunal Supremo ante la reforma del reglamento estatal de Costas, para garantizar la actividad económica vinculada al litoral gallego.

PROPOSICIÓN DE LEY

Con estos antecedentes de fondo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lanzó una «ofensiva política» para que Galicia gane 35 competencias, tras «14 años de parálisis del Partido Popular» y es, en este contexto, en el que esta semana ha registrado la propuesta de ley para reclamar las competencias de gestión del litoral, algo que ya empezó a diseñar en el otoño de 2022.

En el texto legislativo, que ha sido ya cualificado por la Mesa del Parlamento para seguir su tramitación, y al que ha tenido acceso Europa Press, los nacionalistas aluden a las características «específicas» del litoral gallego (geografía, paisaje, condiciones socioeconómicas), que lo hacen «distintas y distantes» de la costa mediterránea, que «exigen una ordenación integral desde una óptica autocentrada y sostenible, lejos de un tratamiento homogéneo y extraño a su singularidad».

«Es evidente que Galicia debe poseer la máxima capacidad de decisión sobre su litoral. Precisa diseñar y planificar, entre otras, actuaciones estratégicas, racionales y razonables para la convivencia y pervivencia sostenible de todas las actividades (…) así como su puesta en valor y aprovechamiento para nuevas utilidades que tengan el carácter de sostenibles. Y precisa, asimismo, de tales estrategias para prevenir riesgos derivados de fenómenos naturales y, singularmente, de aquellos derivados del cambio climático», reza la iniciativa legislativa.

En el documento, los nacionalistas apelan a diversas cuestiones legislativas, incluida la Constitución, y se apoyan, asimismo, en el propio informe del Consello Consultivo que encargó la Xunta el verano pasado.

TRASPASO

Así las cosas, el BNG quiere que Galicia tenga encomendadas –una vez transferidos los servicios correspondientes–, en relación a las autorizaciones (usos de temporada en el mar, actividades en que concurran circunstancias especiales como de peligrosidad y autorizaciones de ocupación del dominio marítimo público-terrestre) las siguientes atribuciones: gestión y otorgamiento, vigilancia y aplicación del régimen sancionador y gestión de ingresos.

Además, pide la gestión y otorgamiento de autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar, así como vigilancia, tramitación e imposición y recaudación de las sanciones.

Asimismo, pide la gestión de las concesiones demaniales (artículo 64 de la ley 22/1988 de Costas) y que incluye, en todo caso, el «otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción, así como la gestión de ingresos, de las ocupaciones o aprovechamientos.

En cuanto a las concesiones, concreta que serán las que impliquen ocupación exigidas para acuicultura y vertidos al dominio público marítimo-terrestre o las que amparan usos especialmente intensos, rentables o peligrosos o las explotaciones mineras, entre otras. Ello, en plena ‘resaca’ de la validación, por parte del Tribunal Supremo, de la prórroga concedida a Ence por el Gobierno de Mariano Rajoy, que la Audiencia Nacional había anulado previamente.

La gestión que reclaman los nacionalistas también pasa por que la Comunidad gallega planifique y tenga la misión de emitir informes con respecto a proyectos en la costa y gestione el registro de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.

En un tercer artículo, el BNG propone transferir la competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de formación y otorgamiento de las enseñanzas y formación específicas relacionadas con la gestión del litoral.