El BNG ha acusado a la Xunta de dar un «trato de favor» a las empresas Monbus y Alsa después de conocerse que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenó a la Comisión Galega da Competencia (CGC) que incoase un expediente sancionador contra estas empresas «por indicios de haber podido repartirse el mercado». Además, el PSdeG ha exigido la renovación de este organismo para llevar a cabo el expediente por considerar que su «parcialidad» queda cuestionada en el fallo del alto tribunal gallego.

En primer lugar, una rueda de prensa ofrecida este jueves en la Cámara gallega, el diputado nacionalista Paulo Ríos ha destacado que su formación lleva «años» denunciando las «irregularidades, los incumplimientos y la connivencia» del Gobierno gallego con estas empresas. «Vemos como una vez más es la justicia la que tiene que dar la razón al BNG al existir indicios racionales de estas irregularidades», ha dicho.

En este sentido, tras recordar las denuncias presentadas por la CIG en las que el sindicato alertaba de los comportamientos contrarios a la libre competencia y avisaba también de los incumplimientos reiterados en los contratos adjudicados a esta UTE, el parlamentario autonómico ha considerado que no se pueden dar por buenas las declaraciones de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, «echando balones fuera y negando sus responsabilidades».

Después de que la Xunta asegurase que no veía «ningún indicio de lo que la CIG denunciaba», el parlamentario del Bloque ha recordado que el sindicato acudió a la Comisión de Competencia que «archivó esta denuncia y la consideró nula sin ni siquiera investigar estos hechos denunciados».

«Tanto los sindicatos, como el sector y ahora el TSXG sí que ven indicios claros de irregularidades, un acuerdo explícito entre Alsa y Monbus para repartirse los lotes y no compartir entre ellos. Todo el mundo ve los indicios, los únicos que no los ven son la Xunta, el PP y las propias empresas», ha sostenido.

Por todo ello, ha acusado a la Xunta y al Partido Popular de «trabajar para sus empresa amigas» en un contexto en el que Monbus «tiene el 80% del mercado del transporte público». «Seguimos denunciado el trato de favor y la ayuda necesaria de la Xunta y del director xeral de Mobilidade, que permite, ampara y encubre una serie de connivencia intensa para cubrir todo tipo de irregularidades y adjudicar contratos favoreciendo un comportamiento de monopolio total», ha indicado.

En este sentido, ha sostenido que, para su formación, la sentencia del TSXG «no es más que la punta del iceberg» de una «trama» entre «el Pp, la Xunta y las grandes empresas concesionarias para repartirse el mercado y para cubrir todas las irregularidades que ocurren diariamente en el servicio de transporte público».

El parlamentario del Bloque también ha denunciado que las empresas no cumplen lo firmado en cuanto a cuestiones como la edad de los vehículos y la necesidad de certificaciones ambientales. Por ello, ha exigido a la Xunta que demande el cumplimiento de los contratos para evitar estas irregularidades.

«La Xunta y el Partido Popular piensan que este país es su finca y la de sus amigos y van a hacer todo lo posible para beneficiarse, saltándose todo tipo de cuestiones, como vemos en estas sentencia e iremos viendo en los diferentes procesos abiertos», ha dicho.

EL PSDEG PIDE LA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DE COMPETENCIA

Sobre este asunto también se ha pronunciado la portavoz de Xustiza del PSdeG en la Cámara gallega, Paloma Castro, quien, en unas declaraciones difundidas a los medios, exige la renovación de la Comisión Galega de Competencia por considerar que ha quedado «acreditada» en la sentencia del TSXG su «parcialidad» y su «hacer contra la Ley de defensa de la competencia».

«Por eso entendemos que no está ahora capacitada para instruir ese expediente sancionador que da respuesta a esas denuncias», ha señalado la parlamentaria socialista, que ha considerado que «no se puede poner al zorro a cuidar de las gallinas».

La diputada del PSdeG también ha considerado necesario aclarar «si se actuó de ‘motu propio’ o siguiendo las órdenes de alguna consellería». «Creemos que esta sentencia constituye un nuevo tirón de orejas a la Xunta y refleja claramente la política de amiguismo que lleva practicando una década el PP», ha dicho Paloma Castro, que señala que se trata de «comportamientos vergonzosos» que demuestran una «perversión total de las instituciones» puestas «al servicio de sus colegas».

Así, ha censurado que la Comisión Galega da Competencia rechazase comprobar los hechos y abrir el proceso sancionador pese a la existencia de varias denuncias. «Como mínimo lo que tienen que hacer es una renovación para asumir las responsabilidades», ha considerado la diputada del PSdeG.

La parlamentaria socialista ha tachado de «muy grave» el «trato de favor» a estas empresas para que se «repartan el mercado», «perjudicando a otras».