El Bloque Nacionalista Galego iniciará en el Parlamento y en el Congreso una ofensiva política para reclamar 35 nuevas competencias para Galicia tras «14 años de parálisis del Partido Popular» sin lograr ningún nuevo traspaso.

Así lo ha anunciado este lunes la líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, quien ha comparecido en rueda de prensa en la Cámara gallega junto al diputado del BNG Luis Bará.

En su intervención, la dirigente nacionalista ha explicado que esta agenda en defensa del autogobierno tiene dos objetivos prioritarios como son disponer de más medios para hacer frente a la crisis, así como impulsar el desarrollo económico.

Pontón ha sostenido que, frente a la «falta de propuestas del PP», que hizo que Galicia «fuese perdiendo posiciones», el BNG toma la iniciativa. «No podemos seguir con el manual de instrucciones viejo que nos trajo hasta aquí», ha asegurado.

Tras sostener que la «inacción» del PP lleva a una «irrelevancia política» que hace que Galicia «quede atrás», ha considerado necesario un «nuevo rumbo». «Y para conseguirlo hay que dotarse de todas las herramientas políticas y presupuestarias que permitan hacer frente a estos retos y dar a Galicia esperanza y expectativas de futuro», ha dicho.

«Defendemos un nuevo estatus político de nación para Galicia, que nos permita tener instituciones más fuertes», ha defendido Pontón, que ha abogado por un nuevo modelo que de a los gallego la «llave» de su dinero.

Para lograr esta ampliación de competencias, el BNG ha defendido «dos vías». «La primera es cumplir el Estatuto», ha dicho Pontón, que ha asegurado que «es lo mínimo que se puede exigir 40 años después de su aprobación». Tras ello, ha citado las 35 nuevas competencias que en este momento son de ámbito estatal pero que según la Constitución «se pueden traspasar a las Comunidades».

UN TOTAL DE 35 COMPETENCIAS

Pontón ha dividido estas 35 competencias en siete bloques distintos. En primer lugar ha citado la ordenación del territorio y las infraestructuras, un apartado en el que ha incluido el traspaso de vías como la AP-9 y AP-53, de los aeropuertos, los puertos de interés general, el servicio de Salvamento Marítimo, la ordenación del litoral y la competencia de tráfico.

En materia laboral y sanitaria ha reclamado la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, la formación ocupacional, los servicios sanitarios y la asistencia a trabajadores del mar, así como que Galicia tenga la capacidad de decidir cuántos MIR necesita formar cada año.

En el ámbito educativo ha pedido competencias plenas para que Galicia pueda definir la totalidad de su sistema educativo, las becas y la transferencia a Galicia de todos los centros de investigación que tienen su sede en la Comunidad.

En cuanto a los sectores productivos, ha reivindicado la inspección pesquera, los seguros agrarios y paradores. Además, ha solicitado que Galicia sea quien autorice todos los proyectos de producción de energía que se sitúen en territorio gallego, redes básicas de gas, así como la supervisión y control de refinerías y almacén de hidrocarburos.

En el aspecto institucional, Pontón ha propuesto que Galicia tenga presencia en las entidades de carácter estratégico que afectan a la vida de los gallegos y al desarrollo económico como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Puertos del Estado, Aena, así como empresas públicas como Astano. En este punto también ha pedido la transferencia de las instituciones y espacios que pertenecen al ministerio de Defensa como la Illa de Tambo, así como las competencias en instituciones penitenciarias.

Por último, en materia de lengua, cultura y patrimonio ha citado las competencias relacionadas como el fomento de la industria cinematográfica, así como la transferencia de archivos, bienes y fondos e históricos esparcidos por las distintas instituciones.

«Se trata de una propuesta ambiciosa, con la que tener más herramientas para generar más bienestar, más desarrollo económico para nuestro país», ha destacado Pontón, que ha detallado que su formación desarrollará esta agenda en iniciativas que se debatirán tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso.

Pontón ha finalizado su intervención recordando las palabras en las que el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afeaba en 2009 al bipartito solo haber conseguido «14 traspasiños» para censurar que en sus 14 años de gobierno el PP no consiguiese ninguno. «Es todo un símbolo de un Gobierno que está dejando atrás a Galicia y que es incapaz de defender los intereses de los gallegos», ha apuntado.

MANTUVIMOS EL AUTOGOBIERNO FINANCIERO»

Sobre este asunto ha sido cuestionado, en la habitual rueda de prensa de los lunes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien ha asegurado que los populares analizarán el listado de transferencias que pide el BNG. En todo caso, ha matizado que su formación no comparte con el Bloque «vaciar» el Estado de «toda» competencia por sistema, sino solo incorporar aquellas que mejoren la gestión de los servicios públicos en la Comunidad.

De hecho, ha subrayado que no es la primera vez que los nacionalistas proponen cuestiones «peligrosas o perjudiciales» para Galicia –ha ejemplificado con el concierto económico– que «no están justificadas o motivadas» más allá de sus «parámetros ideológicos». Y ha añadido que uno de los traspasos pendientes más relevantes, el de la AP-9, fue «pactado» por el Bloque con el Gobierno a principios de mandato, pero aún no se ha materializado.

«Lo que da una idea de que igual los traspasos no son tan fáciles como afirma el BNG», ha indicado, antes de defender que ha sido el PP, de la mano de su diputado en el Congreso Celso Delgado, el que ha impulsado que «se avance» en la tramitación de la transferencia de la AP-9 en el Congreso frente «a la paralización por parte del Gobierno» que dirige Pedro Sánchez.

Más allá, Puy ha advertido que, dentro el marco constitucional y estatutario, el desarrollo autonómico es, a día de hoy, «muy alto», por lo que resulta «lógico» que el margen de cesión de nuevas competencias sea «cada vez menor». Y ha añadido que España, en todo caso, se encuentra a la cabeza en el ranking de países más descentralizados.

Finalmente, ha recalcado que el balance que hace el BNG «no es justo» y ha alegado que Galicia, a diferencia de otras comunidades gobernadas por los nacionalistas, fue capaz de preservar el «autogobierno financiero» sin ser «rescatada» por el Ejecutivo central. «La atención prioritaria seguirá en mantener el autogobierno financiero y en el ámbito normativo», ha remarcado.

Con respecto al segundo punto, se ha referido al impulso de la ley autonómica de gestión del litoral. «Me llama la atención que ante un claro ataque a la competencia autonómica de ordenación del litoral no hayamos recibido apoyo explícito del Bloque y venga un representante del Gobierno de España (en relación a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente) a decirnos que somos poco menos que independentistas porque queremos ejercer una competencia que ya está en el Estatuto», ha zanjado.