Los presidentes del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han pedido este viernes al Gobierno estatal que medie en Europa para ser reconocidas como zonas en riesgo de despoblación. Ambos dirigentes han protagonizado una cumbre en Taramundi en la que han destacado el entendimiento entre ambos y la necesidad de tejer alianzas ante problemas comunes como el reto demográfico y la despoblación.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Adrián Barbón ha asegurado que los requisitos de Europa para que una región sea considerada en riesgo de despoblación son «tan estrictos» que solo tres regiones en España se ven reflejadas –Teruel, Cuenca y Soria–.

Es por ello que los dos presidentes pedirán al Gobierno que inste a Europa a modificar los criterios y tengan en cuenta el sobreenvejecimiento de Asturias y Galicia así como la dispersión poblacional. Con este cambio, Barbón asegura que ambas CCAA saldrán «evidentemente ganando» ya que conllevaría beneficios fiscales «muy, muy interesantes».

A este respecto, Rueda ha explicado que la tarea ahora es «convencer» al Ejecutivo nacional para que lo plantee en la Unión Europea. A su juicio, los «privilegios» que perciben las zonas menos pobladas en materia de beneficios fiscales y mejores condiciones de cofinanciación serían positivos para ambas CCAA. «Tienen que darse cuenta de que aquí cuesta más prestar los servicios», ha agregado, poniendo como ejemplo que no es lo mismo aportar el 30% de la financiación para un proyecto en una comunidad a la que le cuesta menos prestar un servicio que en otra que, por sus circunstancias de dispersión, orografía o envejecimiento, le cuesta más.

ASTURIAS SE FIJA EN EL PLAN GALLEGO DE RETORNO DE EMIGRANTES

En el marco de esta reunión, Barbón se ha interesado en el plan gallego de retorno de emigrantes, Plan Retorna, que en 2022 permitió revertir el saldo vegetativo de -13.000 a casi 14.000 gallegos más.

Después de recordar las medidas que el Ejecutivo asturiano ha puesto en marcha para atajar el reto demográfico este año, Barbón ha considerado «muy interesante» el plan gallego de retorno de nacionales españoles y descendientes, y ha pedido más información al Ejecutivo vecino para poner en marcha la estrategia en la próxima legislatura en Asturias.

Barbón ha explicado que el trabajo común frente al reto demográfico contará a partir de ahora con un equipo permanente de trabajo que intercambie experiencias para avanzar en políticas interesantes que puedan ser aplicadas en ambos territorios.

Además, ambos dirigentes han acordado «institucionalizar» el encuentro para que pase a tener carácter anual y se celebre cada año alternativamente en Asturias y Galicia.

«PLANTEAMIENTOS DURADEROS»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha abogado por situar las políticas demográficas «en el lugar prioritario» que a su juicio merecen, y ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner en marcha «planteamientos duraderos» y de futuro, que no dependan de quién gobierna en cada momento.

Todo lo vinculado a la cuestión demográfica, la natalidad, la vertebración territorial o el envejecimiento son cuestiones que para el presidente gallego han de ser «centrales» en las políticas.

Para Rueda, las políticas demográficas también están relacionadas con las inversiones y la financiación autonómica. En este sentido, ha defendido un sistema de financiación «justo» que atienda a las peculiaridades del territorio tanto gallego como asturiano, así como los condicionantes geográficos que no existen en otros lugares de España.

En su opinión, es necesaria una financiación autonómica «acorde» al coste de la prestación de los servicios. Continuar con una financiación «puentes», provocará que se siga atrasando la negociación, algo que es «urgente hacerlo de manera estable».

En el mismo sentido el presidente asturiano ha reiterado que la reactivación de la negociación será «la primera exigencia» que efectuará tras el 28 de mayo si gana las elecciones. Barbón ha destacado la importancia de tejer alianzas con otras comunidades autónomas para lograr una financiación autonómica acorde a las necesidades del Principado.