El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades de la Xunta, Román Rodríguez, ha exigido este jueves al Gobierno central mayor financiación para la aplicación del proyecto de Real Decreto de Ordenación del Sistema de FP y ha criticado la «falta de una memoria económica» y las «dificultades» que pone para la incorporación de expertos de los sectores productivos como docentes.

Rodríguez ha participado de forma telemática en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ha presentado las alegaciones del Gobierno gallego a esta nueva normativa que recoge medidas que en su «mayor parte» ya estaban en marcha en Galicia «desde hace tiempo».

Según ha reivindicado el conselleiro, en la Comunidad ya se incorporó «en los últimos cursos» al currículum un módulo en inglés, toda vez que «ya existen las dobles titulaciones», la FP Dual «ya está diseñada a medida de las empresas» y en los centros «ya se ofertan acciones formativas para desempleados».

Sobre la financiación, Rodríguez ha señalado como defecto que no haya ni financiación adicional ni una memoria económica para implantar medidas como la reducción de ratios –lo que conlleva adquirir equipamiento para los nuevos grupos–, los cursos de formación específicos para el acceso a la FP superior y el incremento de ayudas al desplazamiento.

«Volvemos a estar, como ya viene siendo habitual, con un ejemplo de normativa en la que el Gobierno central impone medidas que deben sufragar, sin apoyo, las comunidades autónomas», ha dicho, tras lo que ha recordado que la equiparación salarial de los profesores técnicos de FP, al integrarse en el cuerpo de Educación Secundaria, supone en Galicia «una inversión anual de 3,5 millones» que la Xunta asume «en solitario».

Con respecto a los profesores expertos, las alegaciones gallegas advierten que el nuevo texto permite solo contratarlos si no hay otro docente disponible, lo que «limita la posible incorporación a la docencia de esta figura clave para la FP», y que se regule su sistema de selección y contratación con claridad.

«PRISAS» DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS

Además, Román Rodríguez ha vuelto a lamentar las «prisas» que aprecia en el Ministerio de Educación y FP por implantar sus reformas antes de las elecciones generales de finales de año, «lo que dificulta el análisis de los textos, el debate y la reflexión sosegada».

En este sentido, ha afeado que, en el análisis del real decreto, se remitieron documentos «diferentes» para la Conferencia Sectorial de este jueves y para las reuniones técnicas previas. Y es que el «último documento corrige varias cuestiones e incorpora sugerencias» de otras autonomías que «aún no» pudo estudiar la Xunta.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

También este jueves se ha celebrado la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para el Empleo, a la que ha acudido presencialmente a Madrid, por parte de Galicia, la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

En esta reunión, la representante de la Xunta ha lamentado que el Gobierno central anule la convocatoria de 24,5 millones de euros para ayudas a la formación que ya estaban adjudicadas de modo provisional a 450 empresas y ONG con cargo a fondos europeos.

Al respecto, la conselleira ha exigido «aclaraciones» sobre esta anulación que «no respeta el procedimiento administrativo y se hace un año después de haber comenzado la tramitación». Lorenzana considera que, con esto, el Gobierno central demuestra su «incapacidad» para adaptarse a las necesidades del tejido productivo y que «no está en contacto» ni con las empresas ni con los trabajadores.

En cambio, el Ministerio argumenta que esta retirada se debe a que trabaja en una nueva convocatoria con más de 100 millones de euros, ante la «buena acogida» de la iniciativa. De hecho, cuenta con llegar a formar a casi 200.000 empleados.

Asimismo, la conselleira de Promoción do Emprego de la Xunta ha mostrado su desacuerdo con medidas del Real Decreto de FP, «porque dificulta terriblemente y remite a una rigidez insostenible para el tejido productivo».

«Ahora mismo las empresas precisan de una formación muy ágil», ha señalado María Jesús Lorenzana, quien también observa en la normativa demasiadas «trabas burocráticas y administrativas que complican el trabajo de las comunidades».

En definitiva, la representante de la Xunta ha reclamado «mayor deferencia» y «coordinación» al Gobierno con las autonomías.