El vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha avanzado que el Gobierno gallego aprobará la próxima semana el protocolo de actuación sobre el funcionamiento de las oficinas de atención a las víctimas en el ámbito de la justicia.

Así lo ha anunciado este miércoles en el Parlamento de Galicia, donde ha dado respuesta a una pregunta realizada por la diputada del PSdeG Paloma Castro.

En su intervención, Calvo ha destacado el trabajo de la Xunta para consolidar el modelo de atención asistencial a través de estas oficinas, un sistema en el que los profesionales de la psicología y de trabajo social llevan a cabo una atención individualizada de la víctima con el objetivo de, posteriormente, aplicar medidas de protección necesarias que minimicen los trastornos psicológicos y proponer otras que garanticen la protección de la víctima durante todo el proceso judicial.

Según ha destacado, el citado protocolo busca prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas, con especial hincapié en las víctimas de violencia de género y otras especialmente vulnerables, como los menores de edad o las personas de avanzada edad.

Con este objetivo, recoge un acompañamiento completo hecho por un equipo psicosocial existente en las siete grandes ciudades, que permite un control y seguimiento de las víctimas desde el primer momento hasta su declaración en el juicio.

También establece los criterios de actuación que permitan coordinar la actividad de los distintos colectivos profesionales que, en el ámbito de la Administración de Justicia, desempeñan competencias con respecto a las personas destinatarias de la asistencia integral. De este modo, ha añadido que las víctimas que acuden a la Justicia tiene «garantizada» una total protección que minimiza la victimización.

Por su parte, en su intervención, la parlamentaria socialista Paloma Castro ha instado al Gobierno gallego a realizar un protocolo específico para estas oficinas que se encuentran en los juzgados, y así garantizar la «protección social, económica y psicológica a las victimas». Además, ha emplazado al Ejecutivo gallego a crear una red de cuidado integral para las mujeres y menores.