El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha asegurado que en Galicia se practican abortos en centros públicos de las siete áreas sanitarias y ha afirmado además que la reforma de la ley del aborto no implicará para la Comunidad «casi ningún cambio».

En su respuesta a la interpelación planteada por la diputada socialista Noa Díaz sobre los derechos reproductivos de las mujeres, Comesaña ha aseverado que «sea cual sea la opinión sobre la ley, la posición es la de cumplirla».

La única acción que traerá la nueva reforma, ha explicado, será la creación de un registro de objetores, medida contra la que presentaron alegaciones. «Nuestra experiencia dice que no es necesario un registro para garantizar la prestación. Tenemos experiencia con la Ley de la Eutanasia», ha apuntado.

Ha señalado además que la ley abre la puerta a derivar a las pacientes que deseen interrumpir su embarazo a otra comunidad autónoma, lo más cerca posible, si no se puede realizar la intervención en la propia, «algo que para Galicia es indiferente».

Así, ha explicado que por debajo de las nueve semanas, los centros de las siete áreas llevan a cabo abortos farmacológicos. Entre las nueve y las 14 semanas, con procedimiento instrumental; entre 15 y 22 semanas, que la legislación vigente solo lo permite por causas médicas, se practica tanto el farmacológico como el instrumental en los hospitales de cabecera y en alguno comarcal.

Más allá de las 22 semanas, que se realizan por la salud del feto, argumenta el conselleiro que en Galicia se garantiza la atención en el sistema público y que se practican este tipo de intervenciones, de alto riesgo, en el Álvaro Cunqueiro desde 2017 y en el de Ourense desed 2019.

El conselleiro ha ofrecido también datos respecto a las intervenciones realizadas en 2022. Según ha indicado, de la totalidad de las solicitadas, más del 60% se practicaron en centros públicos. Además, ha puntualizado que el Sergas deriva a dos centros privados con autorización autonómica, «con el coste asumido siempre por el sistema público».

A petición de la diputada socialista, el conselleiro se ha comprometido a presentar en el Parlamento los datos pormenorizados por áreas sanitarias y ha explicado además los posibles motivos para el baile de porcentajes entre los datos recabados por el Ministerio y por el propio Sergas.

Noa Díaz apuntaba que el Ministerio cifraba alrededor del 70% los abortos que en Galicia se practican en clínicas privadas. Tal y como ha explicado el responsable del Sergas, el Ministerio sí recibe toda la información de las clínicas concertadas. Sin embargo, los servicios de ginecología de los centros públicos, «por volumen de trabajo, muchas veces no aportan toda esa información».

Para solucionarlo, ha detallado, en 2022 crearon un registro electrónico, mediante la historia clínica, confidencial y de carácter restringido para profesionales de los campos específicos.

Respecto a la reforma de la norma estatal, Comesaña ha explicado que no consideran «razonable» ni «bien regulado» el cambio respecto a la no necesidad de consentimiento de los titulares de la patria potestad en el caso de los menores de edad, «ya que puede generarse una situación de desprotección de una menor cuya interrupción del embarazo se complique y necesite con rapidez esa autorización apra realizar intervenciones necesarias para preservar su salud».

También consideran «poco apropiado» eliminar el periodo de reflexión sobre esta intervención, «ya que la propia ley establece la obligación de proporcionar un volumen muy importante de información a la mujer, tanto sobre los distintos métodos como sobre las condiciones y los centros disponibles».

ENTIDADES ANTIABORTISTAS

La portavoz de Igualdade del Grupo Socialista afirmaba que hay áreas sanitarias en Galicia «en las que no se practican abortos en la pública en función de la semana de gestación, derivando a centros privados». Sobre esto, instaba al Gobierno gallego a cumplir «con diligencia» la reforma de la ley, que determina que la red pública será «de referencia» para que las mujeres que decidan abortar «puedan hacerlo en el centro público hospitalario más próximo a su domicilio».

Díaz ha justificado sus dudas por el «titubeo» y las «posturas nada contundentes» de apoyo a los derechos de las mujeres por parte del PP durante la polémica por el anuncio del Gobierno de Castilla y León de un protocolo que ha tachado de «infame» para «coartar el dercho de las mujeres a interrumpir su embarazo».

Por último, Díaz ha preguntado por las «entidades antiabortistas instaladas en Galicia con la subvención de la Xunta» y que con el nuevo texto quedarán excluidas de las ayudas públicas. «Estas son actualmente las que más subvenciones reciben en las ayudas para trabajar con mujeres en contextos de vulnerabilidad», ha advertido.

«Esta situación deriva de la Ley Feijóo que regula una red de apoyo a la mujer embarazada, que en realidad supuso la protección con fondos públicos de una red de entidades antiabortistas», ha criticado.