Desproi S.L, la empresa de la nave alquilada por el Ayuntamiento de Santiago por la que dimitió como concejal de Medio Rural, el socialista José Manuel Pichel, es propiedad al 63,69 por ciento de otra firma, Ribaterra S.L., que pertenece a UGT-Galicia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato es socio único de Ribaterra S.L, que a su vez es mayoritaria de Desproi. El resto de las participaciones son de Surco Agrario S.L., que se hizo con las acciones a finales de septiembre del 2021. Concretamente, estas empresa adquirió

José Manuel Pichel admitió al anunciar su dimisión que fue administrador único de Desproi hasta 2016 y, a partir de esa fecha, se mantuvo en el accionariado a través de otra empresa de la que fue administrador único hasta su entrada en el ayuntamiento, Servicios Técnicos Gaia, participaciones que no vendió hasta septiembre de 2021 –cuando ya se había aprobado en junta de gobierno el alquiler de la nave para instalar al personal del departamento de Parques y Jardines–.

Los trabajadores de este departamento estaban en oficinas en la antigua estación de autobús, que iba a ser demolida, y el Ayuntamiento tenía orden de desalojo desde hacía ocho meses, pero no se alquiló esta nave hasta que ya era efectivo el desahucio.

Los documentos revelan que Gaia le entrega a la empresa mercantil Surco Agrario sus 691.841 participaciones sociales de Desproi –por una transacción cuya cuantía no ha trascendido– el 27 de septiembre de 2021, cuando ya se había acordado el 14 de septiembre el alquiler de estas instalaciones.

Ribaterra S.L tiene por objeto, entre otros, la edición de publicaciones periódicas y no periódicas, venta y reparación de muebles, máquinas y equipos de oficina, y alquiler de locales comerciales, alquiler de vehículos, publicidad.

En esta sociedad, constituida en 1992, UGT Galicia es socio único desde 1992 y su administrador único es José Luis Fernández Celis, secretario de Organización del sindicato.

Además, como administradora ha figurado Rosa Arcos Caamaño –entre 2006 y 2016–, que desde febrero de 2021 realiza funciones de apoyo a las tareas de dirección y coordinación desarrolladas por la jefa de gabinete de Presidencia de la Diputación de A Coruña, que dirige el actual secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, como figura en BOP.

Con anterioridad, también han sido administradores únicos de Ribaterra S.L. el sindicalista José Luis Crespo Garrido y Álvaro Ansias Bacelar, que fue director xeral de Promoción do Emprego en 2005 en el Ejecutivo de Emilio Pérez Touriño.

«CONFLICTO DE INTERESES»

El informe del secretario de la administración municipal, solicitado por la Alcaldía el pasado martes –cuando ya había saltado la denuncia por parte de Compostela Aberta– sobre posible situación de incompatibilidad o prohibición para contratar que le afectaría al concejal de Medio Rural, concluye que las circunstancias en el momento de adjudicar el contrato de alquiler «no determinan la concurrencia de una prohibición». El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, añade que tampoco habría «situación de incompatibilidad del concejal».

En todo caso, el informe ad hoc apunta un posible «conflicto de intereses aparente, que demandaría la adopción de medidas de comprobación y, en su caso, de las que fuesen necesarias para remediarlo». «Todo eso sin prejuicio de la abstención del concejal en la adopción del acuerdo», resuelve el informe sobre una contratación que el dimisionario votó a favor en junta de gobierno.

«TRANSPARENCIA, LUZ Y TAQUÍGRAFOS»

A la vista de la documentación, la oposición exige más explicaciones más allá de la dimisión de José Manuel Pichel el pasado miércoles, dos días después de que trascendiesen las primeras informaciones. Compostela Aberta (CA) ha presentado una interpelación para debatir en el pleno del próximo jueves en la que cuestionarán al gobierno de Bugallo sobre este asunto.

En concreto, la portavoz de la formación, María Rozas, ha demandado «transparencia, luz y taquígrafos». Así, para Compostela Aberta, las «irregularidades cometidas» no se solucionan con la dimisión del edil. «No fue un error, ni una cuestión personal e individual. No se le puede llamar un error el pagar con dinero de todos el alquiler de una nave de la que eres propietario», ha insistido Rozas.

Así, en rueda de prensa este viernes, Rozas ha expuesto «las principales dudas» que tiene su formación y que plantean también en la interpelación presentada. Entre ellas, la portavoz de Compostela Aberta ha cuestionado «por qué no se sacó este contrato a concurso abierto» o «por qué se justifica una urgencia para trasladar los departamentos de Medio Rural y Parques y Jardines cuando la Xunta ya había anunciado ocho meses antes la demolición, con tiempo suficiente para sacar un procedimiento abierto».

En esta misma línea, CA cree que «urge explicar» cómo es posible que «se visitara esa nave el 3 de septiembre antes de que hubiese un informe técnico que dijera que se necesitaban equis metros cuadrados para oficinas u otros equis para almacén». «Esto equivale a si le pedimos a una persona un currículo y después hacemos una oposición a medida de ese currículo», ha ejemplificado.

«Teniendo en cuenta que Pichel reconoció que tuvo acciones con Desproi hasta el mes de septiembre y esta nave fue visitada el día 3, hay que aclarar si Pichel aún tenía ese 36% de Desproi, que equivale a más de 600.000 euros, cuando el Ayuntamiento visitó la nave finalmente alquilada», ha exigido Rozas.

La edil de Compostela Aberta ve «llamativo y no casual» que el alquiler de la nave se firmara el 1 de octubre, pero el traslado del personal se efectuara 15 días antes, «antes de que haya un contrato firmado por el alcalde».

EL PP URGE EXPLICACIONES

En el mismo sentido, el candidato del PP a la Alcaldía de la capital gallega, Borja Verea, ha señalado que este caso recuerda a anteriores gobierno socialistas de Santiago que, en su opinión, se caracterizaban por su «oscurantismo y clientelismo».

El PP compostelano ha destacado en una nota de prensa que hay dos preguntas que siguen sin tener respuesta y que «apuntan directamente al alcalde». La primera, «si hubo o no enriquecimiento personal», ya que, continúa, «hay que saber qué valor tenían las participaciones de Pichel en Desproi S.L cuando se deshizo de ellas, si lo hizo, y a quién le fueron otorgadas y por cuánto».

La segunda cuestión que plantean los populares es «por qué la Concejalía de Parques y Jardines, de la que es titular la concejala Mila Castro, propuso la instalación sin concurso público, quién lo indicó, quién las validó y si no había otras oficinas en toda la ciudad».

Por otro lado, Verea también ve necesario aclarar «qué va a pasar con este contrato», ya que «la cantidad recaudada» que, en estos momentos ha asegurado que «llega a más de 90.000 euros», «se verá multiplicada con el paso de los meses».

LA OPOSICIÓN «QUIERE HACER SANGRE»

Por su parte, en rueda de prensa este viernes, la concejala Mercedes Rosón, a preguntas de los medios de comunicación, se ha remitido a las declaraciones realizadas el jueves señalando que el gobierno local actuó «de manera responsable y de manera inmediata» en cuanto fueron conocedores de la situación. «Entiendo que la oposición quiera hacer sangre con ella, pero no tengo más que decir sobre eso», ha sentenciado Rosón.

A continuación, Rosón ha insistido en que no va a entrar en este asunto y ha defendido que no se «distrae» de «ninguna cosa que no sea seguir trabajando» en las áreas de las que es responsable. «Tengo que finalizar la legislatura y por lo tanto creo que el tema está totalmente explicado y no queda otra que seguir trabajando», ha zanjado.