El BNG ha registrado en el Parlamento gallego una proposición no de ley, por el trámite de urgencia, en la que pide establecer, como mínimo, un periodo de tres meses para que los ayuntamientos y diversos organismos, sectores productivos, sociales, académicos, empresariales, ecologistas y sindicales puedan participar en el anteproyecto de ley de ordenación del litoral e intervenir en su contenido.

El diputado Luís Bará, que será el encargado de defender la iniciativa, recuerda que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el 19 de diciembre el anuncio de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda por el que se somete a información pública el anteproyecto de ley, con un plazo que termina el 23 de enero.

Al respecto, el diputado nacionalista recuerda que gran parte del periodo de información pública ha coincidido con las fechas navideñas, circunstancia que dificultó la participación de los sectores y colectivos afectados.

El anteproyecto de ley es una norma de «especial trascendencia y complejidad», en la que se incluyen aspectos económicos, productivos, sociales, de identidad, patrimoniales, paisajísticos, ambientales, urbanísticos y de ordenación del territorio, subraya Bará, quien recuerda que afectan a un gran número de sectores –cadena mar-industria, pesca, marisqueo, acuicultura, turismo, ambiente, ecologismo, patrimonio cultural, investigación, universidad, arquitectura o urbanismo–.

Por ello, resulta «imprescindible» suscitar un proceso de «participación y debate social» sobre los objetivos, las competencias, los instrumentos y las estrategias previstas en esta norma. Por ello, pide abrir un proceso de tres meses, como mínimo, para promover la intervención de los ayuntamientos, a través de la Fegamp, organismos del ámbito académico y universitarios relacionados con el mar y la costa y otras instituciones como el Consello da Cultura u organizaciones ecologistas, entre otras.

En otro orden de cosas, la diputada Mercedes Queixas pedirá «explicaciones» en la Cámara gallega sobre la reciente autorización de la Xunta a la empresa Limpoil para instalar una planta de residuos líquidos en la puerta de entrada de la ría de O Burgo, la cual, sostiene, es «incompatible» con la «ubicación, protección de las necesarias garantías medioambientales y de protección de riesgos para la salud humana».