La «crisis» abierta a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de la renovación de órgano de arbitraje ha salpicado el debate presupuestario en la Cámara gallega, que ha dado luz verde este martes a las cuentas de la Xunta para 2023. Así, socialistas y nacionalistas han puesto el acento en la «gravedad» del «ataque» del tribunal y han alertado de la crisis democrática abierta, mientras que los populares, a través de su portavoz, Pedro Puy, ha reprobado que se trata de un debate «ajeno» y que en Galicia «hay tranquilidad».

Además, ante los reproches y duras intervenciones de la oposición, el portavoz parlamentario popular ha querido «recordar», haciendo hincapié en que «los dos portavoces lo saben» –en referencia a Ana Pontón (BNG) y Luis Álvarez (PSdeG)–, que en Galicia «jamás» se reformó «sin hablar con la oposición» ninguna ley de desarrollo autonómico de Galicia.

Así, en los «15 segundos» en que salió al paso de este debate en su primera intervención –minutado hecho por el socialista Luis Álvarez para su reproche–, Pedro Puy ha diferenciado entre incorporar modificaciones legislativas a través de la ley de acompañamiento –200 desde que gobiernan, según reprochó Pontón– y modificar una ley «constitucional».

De esta manera, y tras hacer hincapié en la diferencia entre ambas cuestiones, el portavoz parlamentario popular ha defendido: «Aquí hay tranquilidad institucional, no nos traigan debates ajenos que no nos interesan».

«DESOBEDIENCIA»

Luego, tras los nuevos reproches de la oposición, Pedro Puy ha vuelto a contestar a los grupos parlamentarios, en una intervención en la que contrapuso que el PSOE «acate» la decisión del TC, motivo por el que le dio sus «felicitaciones», mientras el BNG llame a «desobedecer» la decisión del Constitucional, algo que causó las críticas de Ana Pontón.

La portavoz nacional del Bloque quiso intervenir alegando que esa no era la posición de la formación, y que los que estaban «instalados en la desobediencia» eran los populares, pero la presidenta de la Cámara, Elena Candia, alegó que ya se había abordado el debate en amplitud pese a no ser el presupuestario y que habían tenido ocasión de posicionarse previamente.

Con anterioridad, en el debate, Pontón calificó de «jornada negra para todos los demócratas» la decisión del Constitucional, un «ataque a la línea de flotación» de la democracia, un «pucherazo democrático», afirmó, que «cuestiona el poder legislativo, donde reside la voluntad» de la ciudadanía.

A su entender, la decisión «agudiza la deriva reaccionaria» de un órgano que el «bipartidismo se reparte de forma obscena», que está «en un nivel de degradación democrático que no es admisible». Además, ha acusado al PP de estar «echado al monte».

En la misma línea, desde la óptica gallega, ha calificado de «hipocresía» que ahora califiquen «de ilegal» este cambio cuando en el hemiciclo se han cambiado hasta 200 leyes –cifró– a través de la ley de acompañamiento. «Lo llevan haciendo 13 años», ha enfatizado, a lo que Puy le respondió que era distinto eso que, por ejemplo, si se aprovechase para cambiar la ley electoral en la ley de acompañamiento.

«ATAQUE A LA DEMOCRACIA»

El portavoz socialista observó que era un «tema incómodo incluso» para el diputado popular porque «como jurista y profesor universitario conoce las consecuencias». «Es la decisión más grave en su historia, un ataque a la democracia», ha enfatizado Álvarez, quien ha asegurado que es «un conflicto no de partidos ni de instituciones, sino de quienes quieren cumplir (la Constitución) y quienes impiden día a día».

Previamente, había advertido del «territorio peligrosísimo» en el que se ha incurrido con esta «nueva realidad en la que, por primera vez en la historia democrática» se paraliza una votación de «una cámara representativa de la voluntad popular».

Álvarez ha manifestado que se trata de un «veto o prohibición, si se quiere ser más didácticos» a una enmienda que ha sido un «método empleado en esta misma cámara por el PP a través de modificaciones legislativas inicialmente no contempladas» en las leyes, lo cual ya fue incluso motivo de recurso ante el Constitucional por parte de los socialistas gallegos.

Luis Álvarez a advertido de que la decisión del TC «causa pasmo a especialistas de derecho constitucional», al «invertir» el sistema de pronunciamientos –al paralizar una votación de una enmienda–. Así, atribuyó el «clamoroso silencio del PP a que son conscientes de que se destapó la caja de los truenos», pero ha advertido de que, en todo caso, es una «victoria pírrica» y «son muy superiores las pérdidas en su valor que la propia victoria»

OTRAS INTERVENCIONES PREVIAS

Mientras, ya en el arranque de su primera intervención, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, ha mostrado su «rechazo» a la paralización de la votación de la enmienda que atañe a la renovación de magistrados del TC. «Un atentado contra los principios fundamentales básicos de un estado de derecho que no tiene precedentes», ha avisado, Rodríguez Rumbo, para remachar que «cualquier demócrata lo tendría que condenar».

Rumbo ha observado que los diputados del PPdeG «se revolvían». «No me extraña que se revuelvan», ha expresado, para seguir que esta acción del Tribunal Constitucional «queda en el haber del señor Feijóo, ese que iba a Madrid como líder moderado». «Ya se ve cuál es la moderación. Ya lo decíamos en Galicia, ahora está siendo conocido en todo el Estado», ha remachado.

También en su discurso en el marco del debate de presupuestos para 2023, la diputada del BNG Noa Presas dijo tener todavía la «piel de gallina» sobre lo ocurrido y ha afirmado que es la muestra de una democracia «débil como papel de seda», como en 2017 con el Parlamento catalán.