«Regular la franja litoral desde Galicia» y, al tiempo, «dar seguridad jurídica» a los titulares de instalaciones que «lícitamente» están en dominio público marítimo terrestre son los dos principales objetivos de la futura ley gallega de ordenación del litoral, en cuya tramitación avanza la Xunta ante la negativa del Ejecutivo central a transferirle la competencia de costas.

El anteproyecto de esta norma ha sido analizado en la reunión semanal del Ejecutivo autonómico y sus detalles los han explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en una comparecencia posterior en la que han ratificado que, una vez se apruebe esta ley, Galicia se convertirá en la primera Comunidad en regular su franja costera.

Lo hará con la esperanza, ha recalcado Rueda, de frenar decisiones estatales que solo aportan «inseguridad jurídica», toda vez que el Gobierno mantiene por el momento la negativa a transferir a la Xunta la competencia de costas.

Tras la reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que había mantenido en julio, Rueda trasladó que había recibido un «no rotundo» del mandatario estatal a la reivindicación de gestionar las competencias del litoral. Pero aún así dejó en La Moncloa el informe del Consello Consultivo que «avala» tal cesión sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, como anima a hacer el Ejecutivo estatal.

Este mismo jueves Rueda se ha reafirmado que no hay «respuesta» y ha indicado que, por su parte, la Xunta no se ha quedado quieta y ha elaborado una ley propia para el litoral, que buscarán que sea «muy participada y transparente». El objetivo es que la norma quede aprobada y entre en vigor el próximo año 2023.

Según ha explicado la conselleira, será una ley «realista, razonable y adaptada» a la realidad gallega, que regulará la zona terrestre e intermareal, y también la marina hasta las 12 millas. Buscará, asimismo, que exista un «equilibrio» entre el respeto medioambiental y actividades «claves» para la economía de la Comunidad, como pueden ser las acuícolas o las conserveras.

De este modo, el territorio que regulará esta norma se dividirá en tres franjas con distintos niveles de protección, desde la más exigente, hasta la de protección intermedia y un tercer estadio referido a zonas que ya están urbanizadas y que, a juicio del Ejecutivo autonómico, «no tiene sentido renaturalizar».

En estos casos –por ejemplo, el dominio público portuario y la zona de servidumbre de protección de 20 metros–, la Xunta contempla «rehumanizar» estos espacios y «fomentar la dinamización económica y social, al tiempo que se mejoran y renuevan los equipamientos o se preserva el patrimonio cultural.

La ley contempla, asimismo, siete usos «estratégicos» del litoral gallego con el objetivo también de preservar la seguridad jurídica de instalaciones «preexistentes»: cadena mar-industria alimentaria, sostenibilidad socioeconómica del sector pesquero, marisquero y acuícola, interacción puerto-ciudad, patrimonio cultural, turismo litoral, sendas costeras y dotaciones públicas esenciales de tratamiento de aguas.

(Habrá ampliación)