La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha acusado al Gobierno central de querer convertir la ocupación en «algo normal, cuando es un delito».

A respuesta de una pregunta oral planteada por el grupo popular en el Pleno del Parlamento gallego, Vázquez ha señalado que la Administración autonómica lleva «dos años trabajando con organizaciones y ayuntamientos, trasladando al Ministerio la problemática».

Comenta además que lo que encuentran por parte del Gobierno es una «total pasividad, alentada por el BNG», pese a ser competencia del Ejecutivo central.

Vázquez ha relatado que los datos que maneja la Delegación del Gobierno apuntan a 110 casos conocidos de ocupación entre enero y julio de 2022, «que serán muchos más porque hay muchos casos que no llegan a la denuncia».

«Cada dos días hay una ocupación en Galicia. Según datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, hay 600 viviendas ocupadas en Galicia», ha comentado la conselleira, que ha recordado que este es un delito que se castiga con penas de entre tres y seis meses de cárcel.

Ante esto, Vázquez reclama «un marco jurídico duradero, eficaz y definitivo, que garantice el desalojo y el derecho a actuar ante la justicia». Censura además la actual ley de vivienda, que supone que la ocupación «sea la fórmula para obtener una vivienda frente a los que están apuntados en listas de espera para obtener una».

CONVENIO ENTRE ENCE Y XUNTA

Por otro lado, la conselleira de Medio Ambiente también ha respondido a una pregunta oral formulada por el grupo del BNG sobre el pacto ambiental firmado entre la Xunta y Ence, donde ha destacado que la empresa cumple «con todos los requisitos fijados para este tipo de actividades».

Los nacionalistas han censurado la «preocupación tardía» de la Xunta por el medioambiente, lo que han tachado de «paripé». «Lo que les preocupa son los intereses de Ence. Entre Ence y Pontevedra escogiron a Ence», lamentan, insistiendo además en el que Gobierno gallego no fiscalizó ni controló el cumplimiento de ese pacto.

La responsable de Medio Ambiente ha insistido en que Ence cumple con todos los criterios y ha censurado la doble moral de los nacionalistas. «Ence cuenta con la autorización ambiental integrada desde 2008, es decir, con el Gobierno bipartito. Y los técnicos que examinan son imparciales, no son de ningún partido, así que si antes cumplía los requisitos, ahora también», asegura.

«Ence cumple con los requisitos fijados para este tipo de actividades, de emisión de gases y de vertidos. A mayores, se firmó un pacto ambiental en 2016, en vigor desde 1995. ¿Por que no se firmó en 2008?», ha conquerido Vázquez.