El PSdeG ha pedido a la Xunta garantizar que el transporte escolar se preste en «condiciones dignas» y ha exigido el «cumplimiento íntegro» de los contratos a las empresas concesionarias en Galicia, mientras que el PPdeG ha afirmado que las rutas con quejas en la comunidad son «poco más del 10%» y ha asegurado que han sido resueltas entre septiembre y principios de octubre.

La propuesta de los socialistas figuraba en una moción debatida durante la sesión plenaria del Parlamento gallego de este martes, en la que los populares han tumbado con su mayoría absoluta tanto esta como otras dos iniciativas del BNG para demandar un «pacto gallego por la industria» y para «mejorar la atención a víctimas de violencia de género».

En el caso de la moción socialista relacionada con el servicio de transporte escolar, la diputada Noelia Otero ha señalado que «no son casos aislados» y que la «problemática no es puntual», sino que el servicio «ha ido a peor».

«Son decenas de niños los que llegan tarde a clase o a casa, o no tienen plazas. Los mínimos por contrato de confortabilidad y de seguridad de los vehículos no se cumplen en muchas ocasiones», ha sostenido Otero.

Una denuncia que también ha recogido el diputado del BNG Manuel Lourenzo, que en su intervención ha afirmado que hay empresas que «incumplen premisas» de los contratos como, por ejemplo, «la antigüedad de los autobuses».

Sobre esto, ha asegurado que «todo el mundo conoce estas denuncias» y que «están en manos de la Xunta sin que nadie haga absolutamente nada». Así, ha detallado que hay autobuses que no cuentan con cinturones de seguridad o que no tienen «tantas prescripciones técnicas». «Si hay una desgracia, ¿de quién va a ser la culpa?», ha reflexionado.

El diputado del PPdeG Ovidio Rodeiro ha reconocido que el servicio de transporte escolar de Galicia es «el más complejo» de todo el Estado y ha defendido que las rutas con quejas suponen un 10%. Asimismo, ha sostenido que en el mes de septiembre «se resolvieron la mayor parte de los problemas».

Además, ha recordado que la Xunta «ha renovado todos los contratos de todo el transporte escolar», algo que, en su opinión, se trata de «la mayor revolución en Galicia». «Mientras se ajustan esos contratos hay incidencias, pero se están atendiendo», ha reafirmado el popular.

Así, ha tildado de «demagogia» las afirmaciones de la oposición y ha sacado al hemiciclo titulares de prensa de la época del bipartito en los que se reflejaban denuncias sobre la situación del transporte escolar en aquel momento. Ante estos argumentos, la socialista Noelia Otero le ha pedido a los populares gallegos que, «si está tan claro que se cumple» con los requisitos y que son «problemas aislados», apoyaran la moción para «dar un servicio de manera digna al alumnado gallego».

PACTO POR LA INDUSTRIA

Por otra parte, en el pleno de este martes también se ha debatido una moción presentada por el grupo del BNG que proponía un «pacto gallego por la industria» para que represente el 20% del PIB y que se constituya una empresa pública de energía.

Al igual que la anterior, esta moción también ha sido rechazada por los populares. La diputada del PPdeG Marta Nóvoa ha rechazado cualquier pacto por la industria con los «negacionistas» que «están en contra de cualquier proyecto de energía renovable».

«Quieren cerrar Ence, igual que hicieron con Elnosa y con las centrales térmicas. Quieren incluso evitar la posibilidad de estudiar la eólica marina en Galicia, se colocan en frente de proyectos eólicos o hidráulicos, se oponen a la minería y ahora también de cualquier empresa de transporte en Galicia, ¿a quién quieren engañar?», ha censurado la popular.

Los socialistas han criticado que para este Gobierno dirigir la Xunta «se reduce a gestionar los recursos del Estado o de Europa» y ha señalado que ante su «incapacidad» siempre «emplean el comodín del Estado o del presidente Sánchez, a quien le otorgan la culpa de todo».

Begoña Rodríguez Rumbo, del PSdeG, ha censurado la «incompetencia» del Gobierno gallego en planificación económica e industrial y ha lamentado que Galicia no haya recuperado la ocupación industrial.

El encargado de defender la moción, el nacionalista Ramón Fernández, ha denunciado la actual situación del sector industrial gallego que, ha asegurado, «desde el año 2009 perdió 15.000 empleos». «Son ustedes un auténtico agujero negro para el sector industrial en nuestro país», ha recriminado.

Frente a esta situación, el BNG ha propuesto un pacto gallego en el que la Xunta se comprometa a «ejercer sus competencias» y dedicar un 3% de los próximos presupuestos para inversión en ciencia e innovación.

«Es una pena que el PP esté instalado en el barullo, pero es la manera de hurtar el debate y de entrar a valorar las alternativas, pero Galicia tiene alternativa», ha concluido Fernández.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

Asimismo, en la tarde de este martes el Parlamento también ha acogido el debate de otra moción del BNG, en este caso, sobre la adopción de medidas para mejorar la atención a las víctimas de violencia machista.

La diputada nacionalista Olalla Rodil ha demandado a la Xunta incrementar los recursos económicos destinados específicamente a luchar contra la violencia de género hasta situarse, como mínimo, en el 1% del total.

Asimismo, ha solicitado introducir en la orden de convocatoria de las prestaciones económicas para víctimas de violencia machista los cambios necesarios para aumentar las cuantías conforme al incremento del IPC, para «evitar la pérdida de poder adquisitivo de las mujeres beneficiarias».

Rodil también ha propuesto abrir un proceso de diálogo entre la Fegamp y la Xunta para impulsar la reforma del decreto que regula la red de centros de información a la mujer. Sobre esto, ha señalado que es necesario incrementar los presupuestos para que puedan ampliarse el número de centros y «reforzarse los que están sobrecargados», así como incorporar ratios mínimas de personal.

Peticiones a las que se ha sumado el grupo parlamentario socialistas, pero no la bancada popular. Así, la diputada del PPdeG Noelia Pérez, ha afirmado que su grupo votaba en contra de esta moción, entre otras cosas, porque «los presupuestos de la Xunta para combatir la violencia machista representan más del 1,58% del presupuesto de 2023».

«Mucho más de lo que ustedes piden, pero para que vean que hay cosas que propone el BNG que no podemos aceptar porque estaríamos restando prestaciones a las mujeres y eso no lo vamos a hacer», ha defendido.