El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, ha reivindicado la política autonómica para afrontar la crisis demográfica en respuesta a las críticas socialistas, que ha cuestionado la existencia de resultados en esta materia.

Ha sido en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego y a preguntas de la parlamentaria socialista Marina Ortega, quien instó a la Xunta a tomarse «en serio» la situación. Además, limitó a una «mera declaración de intenciones» la ley de demografía del Gobierno gallego.

En cuanto a las medidas del Gobierno gallego, ha expuesto que «el 90% son de Política Social y el resto del ámbito sociosanitario». Lo ha hecho al denunciar que no hay una política en esta materia por parte de todas las consellerías.

En su respuesta, el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica argumentó que la Ley de Impulso Demográfico, aprobada en el Parlamento gallego en 2021, permite reforzar medidas transversales.

«El balance es satisfactorio y las medidas se están implantando de manera progresiva», ha recalcado Jacobo Rey, quien ha admitido, no obstante, que «quedan cosas por hacer». Por el contrario, ha ensalzado medidas como la extensión de la gratuidad en la atención educativa en las escuelas infantiles a todos los niños de 0 a 3 años o la mejora del ‘bono coidado’.

‘COIDADOS PORTA A PORTA’

En esta misma Comisión, intervino el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, en relación al programa ‘Coidados Porta a Porta’. Lo hizo en respuesta a una pregunta del PP en la que subrayó que se trata de una iniciativa que atendió a más de 22.000 gallegos.

Acevedo recordó que este programa terminó su primer recorrido por todos los ayuntamientos gallegos, excepto las siete ciudades, y queya está realizando la segunda. El director xeral apuntó que esta iniciativa permite llevar a los hogares de las personas mayores de 55 años servicios gratuitos de podología, audiología y estimulación de la memoria.

CONSORCIO DE IGUALDADE

Ya en respuesta a una pregunta del BNG sobre el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar y como se evitará «penalizar» a las trabajadoras con contratos temporales en el proceso de estabilización de los empleos, el director xeral de la Función Pública, José Barreiro, ha defendido los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales y ha calificado de «falsedad» plantear que no se negoció con los representantes de los trabajadores, ante las protestas promovidas.